Esta semana, se generó una nueva preocupación frente al tratado de libre comercio (TLC) que existe entre Colombia y Estados Unidos desde hace poco más de diez años, tras una nota interpretativa del Capítulo 10 del TLC acordada entre ambos países.
El anuncio fue hecho hace algunos días por el Gobierno nacional, que buscaría modificar dicho capítulo como una estrategia para definir algunas diferencias en materia de inversión en Colombia.
Pese a ello, este viernes 17 de enero, la Cámara Colombo Americana, AmCham, mostró su preocupación tras la decisión del Gobierno nacional. La presidenta de la entidad, María Claudia Lacouture, aseguró que tanto el Gobierno colombiano como el de Estados Unidos deberían seguir con los protocolos ya establecidos en el acuerdo.
“Los cambios en las definiciones del Capítulo 10 del TLC representan modificaciones sustanciales al texto del acuerdo y debieron haber seguido el procedimiento establecido, tanto en el acuerdo comercial, como en la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional de Colombia”, indicó la entidad.
Fueron varias las preocupaciones elevadas por AmCham tras un primer análisis, pues asegura que se daría una posible extralimitación de los gobiernos en la implementación de esa nota interpretativa.
Los cambios que se darían con la iniciativa del Gobierno serían los siguientes:
- Restricción del acceso al arbitraje internacional: limita el derecho de los inversionistas extranjeros a impugnar decisiones judiciales locales que podrían ser injustas o inconsistentes con el TLC.
- Eliminación de expectativas legítimas como criterio de trato justo y equitativo: esto reduce la seguridad jurídica y permite que los gobiernos cambien reglas sin otorgar garantías previas a los inversionistas.
- Modificación de la protección frente a regulaciones ambientales sin compensación: se reafirma el derecho de los gobiernos a adoptar regulaciones ambientales que puedan afectar el valor de una inversión, limitando la posibilidad de que los inversionistas demanden al Estado.
- Ausencia de consulta y aprobación del Congreso: estos cambios no fueron sometidos a consideración de los congresos ni, en el caso de Colombia, al control constitucional, lo que vulnera la Sentencia C-252 de 2019.
De acuerdo con AmCham, el impacto para Colombia sería una mayor incertidumbre para inversionistas extranjeros, quienes podrían percibir una disminución en la seguridad jurídica de sus inversiones.
Además, las decisiones judiciales y tutelas relacionadas con inversiones ya no podrían ser impugnadas en tribunales internacionales, salvo en casos extremos. Uno de los impactos más fuertes sería la posible afectación a la llegada de inversión extranjera al país, en un momento clave para la Nación.
Posteriormente, este mismo día, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió nota interpretativa del TLC de Colombia con Estados Unidos y respondió a los críticos del acuerdo.
A través de la red social X, el primer mandatario indicó: “Más papistas que el papa. La nota interpretativa surge del mismo tratado, es un común acuerdo entre EE. UU. y Colombia, y fortalece nuestra justicia y la política pública en general”, posteó Gustavo Petro.