Lejos de ser un plan para atender la grave crisis humanitaria que se vive en los centros de detención transitoria (CDT) de Colombia, el Ministerio de Justicia se podría rajar en la estrategia que le presentó a la Corte Constitucional para cumplir una orden a fin de superar el estado de cosas inconstitucional que siguen padeciendo los privados de la libertad. Viven en espacios colapsados por el hacinamiento y en condiciones deplorables.
El 2 de julio de 2024, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente del alto tribunal, emitió el Auto 1096, en el que le dio seis meses al Gobierno Petro para crear un plan de atención a la delicada situación que viven las personas detenidas. El plan no tiene soluciones reales, deja el problema en manos de Alcaldías y Gobernaciones, y está lejos de resolver un hacinamiento que, en promedio, supera el 135 por ciento.
El documento de 27 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, ya está en manos de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil y otros organismos humanitarios e instituciones académicas que harán sus aportes. Sin embargo, fuentes en el proceso advirtieron que pareciera que no se le dio importancia al ultimátum de la Corte y “presentaron cualquier cosa”.
El plan llegó fechado el 31 de enero de este año, es decir, apenas dos días antes de que se les venciera el plazo para entregarlo. En lugar de llevar una solución institucional que comience por el Gobierno, una articulación robusta con los demás actores involucrados o una disposición presupuestal que ayude a enfrentar la crisis, el Ministerio de Justicia, liderado por Ángela María Buitrago, enfocó la mirada en los mandatarios regionales.
En el documento, el Gobierno explicó, a su modo, cómo este será una “hoja de ruta” para atender el llamado urgente del alto tribunal sobre la grave situación humanitaria en los CDT, pero, en lugar de plasmar una solución, les recordó a las entidades territoriales sus “responsabilidades legales” con la población detenida de manera preventiva.
“Esta política pública tiene por objetivo proponer medidas inmediatas que pueden ser implementadas por las entidades territoriales para que se hagan cargo de sus responsabilidades legales para con la población detenida preventivamente a su cargo, como lo es la habilitación de espacios temporales de reclusión, hasta soluciones definitivas, como la construcción de nueva infraestructura carcelaria”, dice el documento conocido por SEMANA.
Aunque esos centros están a cargo de la Policía, el Ejército o la Fiscalía, la orden de la Corte Constitucional era directamente al Ministerio de Justicia, que, además, debía presentar una lista de bienes inmuebles a disposición para enfrentar la situación, alternativas para ampliar los cupos penitenciarios y celebrar convenios entre entidades territoriales y el Inpec.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención tiene que ver con el ‘Plan de deshacinamiento’ plasmado en el documento, que apenas se centra en una encuesta que cada municipio y departamento debe registrar con las necesidades y capacidades en los CDT, donde, se supone, los detenidos no pueden permanecer más de 36 horas.
Frente a la orden de disponer de bienes inmuebles y aumentar los cupos carcelarios, el Ministerio de Justicia presentó unos “lineamientos” para que las autoridades territoriales construyan cárceles, cumplan con la guía de obligaciones frente a los presos y hasta registren en la misma encuesta la información sobre las condiciones de habitabilidad en esos lugares. No muestra proyectos concretos, sitios alternativos, apoyo y mucho menos presupuesto.
El informe presentado por el viceministro de Política Criminal, Diego Mauricio Olarte, reportó que 11 entidades territoriales expresaron su disposición de entregar inmuebles para crear espacios temporales de reclusión que impactarían a casi 1.500 presos. Esto generaría un espacio de desigualdad, teniendo en cuenta que algunas regiones dan soluciones, mientras que otras simplemente no pueden o no priorizan.
SEMANA contactó a varias fuentes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y entidades con acceso al informe a fin de conocer el análisis sobre el plan del Gobierno Petro para deshacinar los CDT del país. Todos consideraron que es “deficiente” y no cumple con lo que le ordenó la Corte. Esa situación tiene a la ministra Ángela María Buitrago frente a un posible incidente de desacato.
Las fuentes explicaron que la respuesta del Ministerio de Justicia se resume en tres grandes problemas: falta de liderazgo y coordinación, escasez de recursos y planificación. Es decir, no hay medidas para atender las necesidades concretas y urgentes que deja la crisis humanitaria en los centros de detención. Sobre la falta de recursos y planificación, las entidades considerarían que el Gobierno Petro no estableció cuánto dinero se ha destinado para cumplir con las órdenes del alto tribunal. Sin presupuesto, la estrategia se queda en el papel.
Asimismo, no entregaron información sobre el dinero invertido en la mejora de la infraestructura de esos espacios, los equipos para su dotación y hasta el costo de los traslados de quienes permanecen en los CDT a una cárcel. La falta de medidas concretas y urgentes tendría relación con que el plan del Ministerio de Justicia es técnico y no muestra acciones reales.
El documento, más anecdótico que técnico, plasma reuniones con Alcaldías, funciones de diferentes autoridades, pero no refleja acciones concretas para aliviar el problema. Pese a que la Corte calificó la situación como una crisis humanitaria, la respuesta del Gobierno no tendría un plan de acción inmediata ni cifras de los detenidos trasladados o las mejoras de infraestructura. Esos datos serían esenciales para conocer la atención a la crisis.
Señalan las fuentes que la propuesta que le presentó el Gobierno a la Corte no respondería a la urgencia de la situación, presenta estrategias sin plan claro de implementación y le delega todo tipo de responsabilidades a las Alcaldías, sin garantizarles los recursos que necesitan para un problema que sigue en aumento, mientras los detenidos siguen conviviendo en espacios y condiciones inhumanas.
La Corte alertó en 2024 que el hacinamiento en los centros de detención transitoria del país registró un crecimiento del 135 por ciento, pues, de 9.691 cupos que existían de capacidad, se atendieron a más de 22.000 detenidos. Por su parte, la Policía reportó que, de esa última cifra, por lo menos el 95 por ciento de esas personas pasaron más de 36 horas detenidas en esos CDT.