Cinco problemas que tienen descuadrada a la UPC. Expertos señalan los errores del Gobierno en este frente

“La plata nunca alcanza”, se escucha a diario en el país, pero quizás el sector salud es el que más la ha repetido recientemente. Es, asimismo, uno de los motivos que hoy tienen viviendo un viacrucis a miles de pacientes que no están siendo atendidos o no reciben sus medicamentos.

La discusión no se basa en que no haya suficiente dinero para el sector (el presupuesto pasó de 61,5 billones de pesos en 2024 a 65 billones en 2025), sino en la cantidad que se destina para la atención de cada uno de los colombianos afiliados al sistema general de salud en los regímenes contributivo y subsidiado.

Esa suma se conoce como Unidad de Pago por Capitación (UPC), un indicador que dejó de ser usado solo por quienes trabajan en el sector y ahora es el protagonista de una gran disputa en la que, de un lado, está el Gobierno y, del otro, los empresarios de la salud, los académicos, los médicos, los pacientes y, en general, casi todos los actores del sistema.

El debate radica en que el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, asegura que la UPC sí alcanza, mientras que el resto dice que no. Pero en la discusión no solo hay temas técnicos y económicos, sino también ideológicos, con el agravante de que es una pelea que pone en riesgo la vida de miles de colombianos.

La Corte Constitucional entró a mediar y se inclinó del lado de los prestadores de salud, médicos y pacientes al determinar la insuficiencia de la UPC de 2024, ordenar su revisión y ajuste, evaluando el rezago en los valores de este indicador desde 2021. Como resultado, el Ministerio de Salud instaló este jueves unas mesas técnicas para revisar la UPC, en un cronograma que irá hasta finales de abril. El ministro Jaramillo, sin embargo, inauguró estas mesas de trabajo insistiendo en que la UPC sí alcanza y que este iba a ser una especie de “tribunal de la verdad” para determinar qué está pasando.

Expertos del sector salud afirmaron que el ministerio está desoyendo la orden de la Corte con esas mesas técnicas, que al final van a enviarle unas conclusiones a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas para que tome una determinación. “Es decir, no van a decidir nada; simplemente, se limitarán a transferir información de una entidad a otra, ya que la Comisión está integrada por ellos: los ministerios de Hacienda y Salud, Planeación Nacional y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets), a pesar de que se trata de una decisión de carácter judicial”, señaló un actuario que trabajó en el cálculo de la UPC.

Precisamente, la capacidad técnica es otro de los graves problemas de este indicador, pues la mayoría de quienes trabajaban en el Ministerio de Salud creando e implementando una metodología de cálculo ya no están en esa labor, bien sea porque los sacaron o porque los cambiaron de área. A eso se suman los mensajes del presidente Gustavo Petro, quien los acusa de trabajar para las EPS y de dejar que “se robaran” esos recursos.

Ese mensaje indignó a expertos como Diana Cárdenas, quien fue viceministra de Salud y directora de la Adres. “Los funcionarios que hemos trabajado en el Ministerio de Salud no sobredimensionamos la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos”, dijo. Y le preguntó al mandatario si no le duelen los colombianos enfermos que sufren por sus decisiones.

Dado lo extremo de las posiciones del Ministerio de Salud y de quienes piden ajustar la UPC, acatando la orden de la Corte Constitucional, SEMANA consultó con varios expertos para entender por qué ese indicador divide tanto. Estos son los cinco puntos principales.

1. Una elevada desconfianza.

El Gobierno siente que la información que le entrega el sistema de salud es mentirosa; no les cree ni a las EPS que tiene intervenidas. Para calcular la UPC se toma la información de todos los procedimientos y los medicamentos que se entregan en el sistema, así como su frecuencia de uso, lo cual debe ser reportado por las EPS. El tema es que eso viene con un rezago de casi dos años, pues lo de 2025 se calcula con los datos de 2023, el año más reciente del que ya se tienen todas las cuentas.

2. Calidad de las bases de datos.

Quienes calculan la UPC evalúan cuánta gente se enfermó en el pasado, en este caso en 2023, para saber cuánto costará atenderlos en 2025. Eso implica miles de datos, pues al año pueden ser cerca de 8.300 medicamentos y unos 14.000 procedimientos. Durante los últimos 20 años se ha tratado de refinar el manejo de los datos, tratando, por ejemplo, de evitar la duplicidad, o sea que se mande dos veces información de una misma persona. El Ministerio de Salud se encarga de validar esa información y retira los datos que considera dudosos, como pacientes cuyo tratamiento cuesta más de 100 millones de pesos sin revisar por qué, lo que al final hace que se subestime el cálculo de la UPC.

3. El retiro de personal.

Quienes han calculado la UPC son usualmente actuarios y al no estar muchos de ellos es más difícil realizar dicha estimación. Eso revela la falta de capacidad técnica en el descuadre de la UPC.

4. Desfase con la realidad epidemiológica del país.

Dado que 2023 se toma como base para calcular la UPC de 2025, existe controversia sobre lo ocurrido con el sistema de salud en ese año. Durante 2023, los servicios médicos aumentaron significativamente tras la pandemia, ya que muchos procedimientos estaban represados. Además, se avanzó en la actualización del plan de beneficios (antiguo POS) para incluir más medicamentos, lo que elevó los costos. A esto se sumaron los efectos de la liquidación de grandes EPS en 2022, cuyos pacientes estaban desatendidos y ahora presentaban cuadros más graves, lo que encareció aún más su atención. Además, la incertidumbre causada por la reforma a la salud llevó a un aumento en la demanda de servicios, impulsada por el temor a un deterioro en la calidad del sistema. En el ministerio consideran todos esos factores extraordinarios y que no se deberían tener en cuenta en el cálculo, pero otra cosa opinan los expertos.

5. ¿Un autosabotaje?

Exfuncionarios del ministerio comentan que, antes de ser intervenida, la Nueva EPS era de las que más cumplía a la hora de enviar la información para la UPC y ahora es la más rezagada. Eso es grave, pues no solo es la más grande, sino la que opera en todo el país, lo que complica aún más los cálculos. Los académicos consultados señalaron que no tiene mucho sentido que el Gobierno desconfíe de las cifras, considerando que tiene bajo su control al 60 por ciento de los afiliados al sistema de salud. “Esto plantea dos posibilidades: o bien, por falta de capacidad técnica, están realizando cálculos incorrectos de manera involuntaria, o, deliberadamente, buscan manipular las cifras para justificar su intención de eliminar las EPS”, concluyeron.