¿Harakiri migratorio? La agresiva política de deportaciones de la administración Trump puede tener impactos adversos en su economía

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en su segundo mandato, dejó clara su agenda: la lucha contra el narcotráfico, el comercio y los anuncios de incremento de aranceles, los alcances de China, y, en especial, el tema migratorio.

Durante la campaña, Trump propuso un plan para llevar a cabo lo que llamó “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”: la expulsión de migrantes en situación irregular y aquellos con antecedentes delictivos. La iniciativa está orientada a restaurar la seguridad en comunidades y reforzar un mensaje clave: el respeto por las leyes de inmigración del país.

De hecho, entre sus planteamientos propuso completar el muro fronterizo y reforzar la seguridad en la frontera sur para detener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, incluso, desplegando personal militar adicional e implementando políticas más estrictas para asegurar el fortalecimiento en la frontera y proteger la soberanía nacional en torno a la seguridad de todos los ciudadanos.

Trump ha asegurado que planea deportar entre 15 y 20 millones de personas, aunque el cálculo de migrantes indocumentados, residentes en Estados Unidos, estaría entre 11 y 13 millones. Además, como explicó Juan Cruz, exasesor de seguridad nacional para las Américas del gobierno Trump, a finales de enero, en un evento de AmCham Colombia, el Gobierno podría llegar a expulsar un millón de inmigrantes al año, que para algunos es una cifra ambiciosa si se tiene en cuenta que el máximo de deportaciones en un solo año fue de 432.334 personas en 2013.

Un informe de Bancolombia plantea el impacto que puede tener una deportación masiva, como la anunciada por el Gobierno Trump para la economía estadounidense.

“La escasez de mano de obra en ciertos sectores podría golpear el empleo y la producción como un todo. A modo de ilustración, si una constructora que contrataba mayormente a migrantes irregulares no puede reemplazarlos y se dejan de construir nuevas edificaciones, las empresas que se encargarían de amoblar y decorar también perderían oportunidades de negocio. Por otro lado, se estima que los emprendimientos de migrantes irregulares generaron 27.100 millones de dólares en ingresos durante 2022, además de miles de empleos tanto para migrantes como para americanos”, dice el estudio.

Incluso, el análisis va más allá y advierte que el recaudo también caería a causa de un aumento en las deportaciones. “Existe evidencia –señala Bancolombia- de que los migrantes indocumentados son contribuyentes netos al Estado. Estas personas pagan impuestos indirectos sobre la compra de bienes y servicios, y, en algunos casos, impuestos sobre la renta y sobre la nómina; pero no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social o subsidios de desempleo por su condición de indocumentados”.

También cita cifras del American Immigration Council en las que se manifiesta que al expulsar a todos los migrantes indocumentados, se podría perder entre un 4,2 y un 6,8 % de PIB en los próximos años. “Esto resultaría de la agregación de los efectos de una menor dinámica del mercado laboral, menor demanda y menor recaudo. Para entender la magnitud de este potencial impacto, como punto de comparación se puede tener la contracción de 4,3 % que sufrió la economía de Estados Unidos durante la crisis financiera de 2007 y 2009”, asegura el análisis.

Por otro lado, el costo de deportar un millón de migrantes al año ascendería a 88.000 millones de dólares que, de acuerdo con el American Immigration Council, estos recursos estarían distribuidos entre arrestos, detenciones, procesamiento legal y, principalmente, logística (mayor número de jueces, policía, capacidad de transporte y construcción de centros de detención). “Para poner la cifra en perspectiva, esto corresponde al doble del presupuesto de los institutos estadounidenses de salud y a 18 veces lo que se gasta anualmente a nivel mundial en iniciativas como la investigación sobre el cáncer”, ejemplifica el análisis de Bancolombia.

Radiografía de los migrantes

El informe de Bancolombia afirma, con cifras de 2023, que el 17,7 % de la fuerza de trabajo en Estados Unidos correspondía a personas nacidas en el extranjero, es decir, 30,7 millones de migrantes. De estos, el 52,4 % (16,1 millones) es población nacida en Latinoamérica, con México como el mayor aportante (45 % de la fuerza laboral latinoamericana en el país del Tío Sam).

“La tasa global de participación de los migrantes ha sido históricamente mayor que la de los locales. Entre 2010 y 2019, la participación de los nativos fue del 63 % promedio, mientras la de los migrantes fue de 66,7 %. La brecha se amplía más al considerar solo los migrantes latinoamericanos para quienes, en el mismo periodo, la participación laboral fue de 70 %, impulsada por los nacidos en Centroamérica (74,5 %)”, señala el análisis.

Al considerar el empleo por estatus migratorio y por actividad económica, la agricultura y la construcción son las que más emplean migrantes indocumentados, con el 14,2 y 12,3 %, respectivamente, de los ocupados totales en la actividad. En contraste, las actividades financieras y de seguros, y los servicios de educación y salud contratan la menor proporción de migrantes indocumentados (sin contar a la administración pública, que solo contrata personas totalmente documentadas y formales), con 2,5 y 2,6 %, respectivamente.

El golpe a las remesas

Uno de los mayores impactos que tendría para América Latina, ante una eventual deportación masiva, estaría reflejado en el envío de remesas, en especial de países altamente dependientes de ellas provenientes de Estados Unidos, como México, Guatemala y El Salvador, que representan más del 90 % del total de los giros que se hacen.

Bancolombia se pregunta, ¿qué pasaría con estos países? “México, Guatemala y El Salvador son tres de los países más vulnerables ante cambios en las tendencias del envío de remesas desde Estados Unidos. Según nuestro indicador de vulnerabilidad de flujos de remesas, México y El Salvador tienen puntajes de 6,5 y 6,0 (categoría alta), y Guatemala tiene un puntaje de 4,9 (categoría media). Esto quiere decir que son países altamente expuestos ante eventos de endurecimiento de la política migratoria por la cantidad de migrantes de estas nacionalidades que residen en Estados Unidos y la importancia de las remesas como motor del consumo privado”, responde la entidad financiera.

Al hacer el supuesto de que la administración Trump logre deportar un 50 % más de migrantes que lo visto en 2023, los efectos son heterogéneos. En el caso de Guatemala, Bancolombia estima que los hogares deberían sacrificar cerca de 80 puntos básicos de su consumo debido a que las remesas enviadas por migrantes indocumentados caerían y pasarían de 4,6 a 3,8 % del consumo. “En contraste, este fenómeno no sería relevante para México y El Salvador, donde la cantidad de remesas se mantendría relativamente estable”.

El informe señala que, para Colombia, el mensaje es de relativa calma, ya que la economía no es tan dependiente de las remesas. En 2023, las remesas desde Estados Unidos representaron el 2 % del consumo privado. De esta cifra, 1,6 puntos porcentuales habrían sido enviadas por migrantes documentados y solo 0,4 puntos porcentuales por indocumentados. “Además, con un puntaje de 1,4, Colombia es un país con vulnerabilidad relativa baja ante cambios en la política migratoria estadounidense, por lo que las amenazas de un endurecimiento, por el momento, no se muestran especialmente alarmantes para el país”, puntualiza el informe de Bancolombia.

Sin embargo, para otros, como Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, consideran que el peso de las remesas es significativo. “Colombia está ubicado como uno de los mayores receptores de remesas de los países grandes de la región, solo después de México. Justamente el dato de remesas de todo el 2024, refleja que corresponde a 2,8 % del PIB”, dijo en un evento reciente de los fondos de capital privado.

Por su parte, un estudio de Corficolombiana señala que el 53 % de las remesas que ingresaron a Colombia en 2024 vinieron de Estados Unidos. “En los últimos dos años, la migración de colombianos hacia ese país aumentó 8,8 %, mientras que, solo en 2023, las solicitudes de asilo de colombianos en Estados Unidos se cuadruplicaron. En todo caso, el drástico aumento de deportaciones de colombianos desde Estados Unidos en los últimos años, de 920 en 2021 a 14.246 en 2024, no impidió que las remesas alcanzaran máximos históricos recientemente”, concluye este análisis.