Riesgo ambiental latente: Resolución del MinTransporte aplaza exigencia para evitar derrames de hidrocarburos en ríos del país

Una de las banderas de la administración del presidente Gustavo Petro ha sido la ambiental. En su programa de gobierno, ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, insiste en la protección del ambiente y la biodiversidad, y varias de sus decisiones han limitado, incluso, el desarrollo de industrias como la minera.

También, bajo esta misma premisa, el Gobierno impulsó la prohibición del fracking en el país, paradójicamente, en momentos de déficit de gas y ha sido estricto en las exigencias para licencias ambientales, que han demorado el desarrollo de proyectos, por ejemplo, en el sector eléctrico.

Por ello, no se entiende el alcance de una resolución que dio a conocer el Ministerio de Transporte alrededor de un tema altamente técnico, pero que, si llega a fallar, podría causar un profundo efecto ambiental.

A finales de diciembre del año pasado, el Ministerio de Transporte publicó un proyecto de resolución para comentarios que establece la ampliación de los tiempos de una exigencia para las barcazas que navegan por los ríos del país, en especial, el Magdalena. Se trata del doble casco para las naves que transportan hidrocarburos a efectos de minimizar los riesgos de posibles derrames de estos productos en los ríos como resultado de una avería o de un accidente.

De acuerdo con la norma, la fecha de cumplimiento de doble casco para estas barcazas que van por el río Magdalena es el 31 de diciembre de 2034 y para las demás vías fluviales es el mismo día, pero de 2039.

Lo que sorprende no es solo que la norma entre en operación y se cumpla dentro de 10 y 15 años, respectivamente, sino que con esta resolución ya son cinco las veces que la entrada en vigencia de esta medida ha sido aplazada y corrida en el tiempo.

Una resolución de 2015 estableció que la conversión de las naves se haría cada año, a partir de 2016, en un 20 por ciento de la flota, hasta llegar al ciento por ciento en 2020. Luego, en 2016 se ampliaron los plazos en un proceso que terminaba en 2024. Para 2018, una nueva resolución volvió a correr los tiempos de entrada en vigencia de la norma hasta 2027. En 2020, un nuevo pronunciamiento de la cartera de Transporte llevó la fecha hasta 2028. Y ahora aparece esta nueva resolución con fechas límites hasta 2034 y 2039.

La conversión a doble casco ha sido una medida establecida para mitigar el riesgo de derrames en el transporte de hidrocarburos. Sin embargo, este aplazamiento constante ha fomentado una cultura de incumplimiento, pues las empresas que no han realizado la conversión aprendieron que siempre pueden postergar la inversión sin consecuencias reales, asegura una fuente del sector, suscitando incertidumbre en esta actividad.

En el proyecto de resolución, el Ministerio de Transporte reconoce el peligro. Señala que en el mundo se está limitando en algunos casos y prohibiendo en otros la operación de buques tanque petroleros de casco sencillo con el fin de minimizar los riesgos de derrame de hidrocarburos y los efectos perjudiciales para el ambiente. Afirma, además, que Colombia adhirió a un convenio internacional para prevenir la contaminación por buques.

No obstante, también agrega que las empresas de transporte fluvial han enfrentado “dificultades económicas para llevar a cabo dicho proceso, ya que el sector depende de los precios del petróleo, la producción petrolera (oferta y demanda) y de las condiciones de navegabilidad de las vías fluviales por la variación estacionaria de los niveles del río Magdalena”, a lo que se sumaron dos hechos: la crisis mundial ocasionada por la pandemia y la no entrada en operación de la alianza público-privada del río Magdalena.

En los últimos cuatro años, se han transportado más de 17 millones de toneladas de carga por el río Magdalena, de las cuales el 90 por ciento corresponde a hidrocarburos.

Una de las explicaciones para este nivel de actividad es que las refinerías de Barrancabermeja y de Cartagena no están conectadas por tubería, como explica un experto petrolero, sino que su conexión es natural: por el río Magdalena.

Este volumen de carga, agrega un jugador del sector, demuestra la importancia del río como un corredor estratégico para el transporte de estos productos. “Sin embargo, su movilización sin las debidas medidas de seguridad incrementa el riesgo de accidentes y posibles impactos ambientales de gran magnitud”.

La implementación del doble casco es fundamental para la protección de los ecosistemas y la seguridad de las fuentes hídricas que abastecen a cientos de municipios. De hecho, más de 130 poblaciones a orillas del Magdalena toman las aguas para sus acueductos de este corredor fluvial.

El aplazamiento en la exigencia de dicha norma prolonga una situación de riesgo latente, que podría derivar en una catástrofe ambiental con consecuencias irreversibles para el país. “En lugar de postergar su cumplimiento, es necesario reforzar su implementación y garantizar que todas las embarcaciones que transportan sustancias peligrosas operen con los más altos estándares de seguridad”, dice un analista.

En otras regiones del mundo, la implementación del doble casco ha sido una medida efectiva para evitar este tipo de incidentes. La falta de una regulación clara y de aplicación estricta en Colombia deja abierta la posibilidad de que sucedan desastres ambientales, pero en muchos casos ha sido necesario que ocurra una tragedia ambiental para tomar medidas. Por ejemplo, en Estados Unidos, tras el desastre del Exxon Valdez en 1989, se estableció la Ley de Contaminación por Petróleo, de 1990, que exigió la conversión total a doble casco con un plazo límite en 2015, sin extensiones. En la Unión Europea, desde 2003, los buques de casco simple fueron prohibidos para el transporte de hidrocarburos en respuesta al derrame del Prestige en 2002, mientras que países como Brasil y Argentina ya implementaron regulaciones alineadas con estándares internacionales para reducir el impacto ambiental del transporte fluvial de hidrocarburos.

En un documento que conoció SEMANA, ante una petición al Ministerio de Transporte, se advierte que Colombia estaría incumpliendo los convenios internacionales con “las prórrogas injustificadas” que se están haciendo por parte del Estado, representado en el Gobierno.

Según el Ministerio de Transporte, en 2016 había 150 embarcaciones de casco sencillo para transportar hidrocarburos y sus derivados. “A junio de 2024 –dice la resolución de esa cartera– solo se han convertido a doble casco 36 embarcaciones y otras 41 han dejado de prestar el servicio de transporte de hidrocarburos”. Es decir, en ese momento quedaban por convertir 73 embarcaciones. Esta fue una de las razones que argumentó el ministerio para extender el plazo.

De acuerdo con una fuente del sector, el proceso de conversión ha avanzado de manera desigual. Tres de las cinco empresas que operan alcanzaron la transición completa a doble casco, mientras que las dos restantes continúan en proceso de adecuación.

“Si bien algunas compañías han invertido en la modernización de su flota para cumplir con la regulación, la falta de una fecha límite estricta ha permitido que otras retrasen su adaptación. Con esta nueva prórroga, el incentivo para completar la conversión se reduce aún más, debilitando el propósito de la norma de garantizar mayor seguridad y sostenibilidad en el transporte fluvial”, agrega la fuente.

Asimismo, la norma podría gestar un incentivo perverso en materia de competencia, pues los costos de inversión de una barcaza con doble casco son entre tres y cuatro veces mayores que los normales, y quienes incurrieron en esas inversiones compiten con quienes no lo han hecho.

SEMANA contactó al Ministerio de Transporte y a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, para conocer sus opiniones alrededor de esta decisión, al igual que a Cormagdalena. No obstante, ninguna de estas entidades se había pronunciado al cierre de esta edición.

En lugar de postergar el cumplimiento de esta norma, es necesario reforzar su implementación y garantizar que todas las embarcaciones que transportan sustancias peligrosas operen con los más altos estándares de seguridad. De lo contrario, el riesgo seguirá latente.