La sostenibilidad dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una exigencia global, pero la falta de una política uniforme genera incertidumbre. La reciente reelección de Donald Trump y su decisión de retirar a Estados Unidos de acuerdos ambientales evidencian cómo los cambios políticos afectan el rumbo de la sostenibilidad.“Estos giros envían un mensaje equivocado a las empresas globales de que la inclusión, la protección de la diversidad y la acción climática no son prioridad. Eso afecta la acción colectiva del sector privado”, advirtió Jaime Arteaga, director de JA&A y del Observatorio de Inversión Privada del Cipe.Para Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, lo más preocupante es que esos estándares ambientales, construidos con tanto esfuerzo para su adopción global, podrían ser ignorados por muchos proveedores y cadenas de suministro. “Esto genera el riesgo de que se reduzca la vigilancia en temas de sostenibilidad, ya que competir en mercados que no valoran estos esfuerzos se vuelve un desafío”, precisó Baptiste.Por su parte, Sergio Rengifo, director de Cecodes, advirtió que el panorama no debe percibirse como un retroceso sino como una oportunidad para que el sector privado lidere el cambio. “La sostenibilidad debe ser vista más allá de la regulación, como una ventaja competitiva. Si un país impone lineamientos ambientales es indispensable cumplirlos, pero las empresas deben ir más allá y hacer de la sostenibilidad un diferencial de negocio”, detalló Rengifo.El reto no es solo adoptar la sostenibilidad, sino integrarla como herramienta para mitigar riesgos y fortalecer la competitividad. Los recientes desastres climáticos, como los incendios e inundaciones en Estados Unidos, han obligado a sectores como el asegurador a repensar sus modelos de negocio. “La emergencia climática ya no es una teoría, es una realidad con costos económicos directos”, advirtió Rengifo. Por ello, quienes lideran estrategias empresariales deben alinear su gestión con los riesgos ambientales y sociales, convirtiendo la sostenibilidad en un pilar estratégico.Arteaga destacó que algunas empresas ya han incorporado la sostenibilidad como eje central de su estrategia. “Serán esas compañías las que den un paso al frente para que la sociedad reconozca este enfoque como su principal propuesta de valor. La evidencia muestra que, a largo plazo, serán aquellas que mantengan su compromiso con la sostenibilidad las que realmente prosperen”, enfatizó.Mientras Estados Unidos se aleja de los tratados ambientales, Europa endurece sus regulaciones en sostenibilidad. Normativas como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa obligan a las empresas que operan en la Unión Europea a cumplir estrictos estándares ESG.Las compañías colombianas buscan adaptarse a estas exigencias, pero aplicar normas europeas sin considerar realidades locales es un reto. “En muchos casos, estas normas no ofrecen un trato equitativo ni apoyan medidas de adaptación, sino que parecen responder a intereses proteccionistas o a presiones de ONG ambientales que no siempre comprenden la realidad de los países productores”, señaló Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Andi.En opinión de Arteaga, este tipo de regulaciones pueden terminar cerrando mercados y afectando a países en desarrollo. “A nivel global producen un efecto que aporta poco a la sostenibilidad económica y social del mundo: proveedores de países en vía de desarrollo terminan marginados de los mercados como Europa. Para Colombia, por ejemplo, esas nuevas reglamentaciones han significado barreras en el acceso de productos como los derivados de la cadena láctea”, advirtió.El Pacto Verde Europeo ha impuesto también varios desafíos al agro colombiano. Uno de los aspectos más críticos es la debida diligencia en la cadena de suministro, que obliga a empresas europeas y sus proveedores a garantizar el respeto por los derechos humanos y la protección ambiental en toda su cadena de valor, explicó Carmen Caballero, presidenta de Procolombia. “Además, el Reglamento de Productos Libres de Deforestación exige trazabilidad y geolocalización para certificar que las exportaciones no contribuyen a la deforestación”, agregó.Ante esto, los exportadores de café, cacao y frutas deben adoptar tecnologías para garantizar el origen sostenible de sus productos, reducir químicos contaminantes, optimizar el manejo del agua y promover la economía circular.“Las empresas colombianas que deseen consolidar o expandir su presencia en Europa deben acelerar su transición hacia modelos de producción sostenibles. Adaptarse a estos estándares no es solo un requisito regulatorio, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad del país”, añadió Caballero.Ante estas nuevas medidas, la Unión Europea lanzó recientemente el paquete ‘Ómnibus’, que flexibiliza algunos requisitos ambientales y de derechos humanos en su marco regulatorio. “Si bien esto representa un alivio para algunos sectores, en mi opinión, no debieron dar marcha atrás, sino seguir avanzando en la implementación de estándares más estrictos. Sin embargo, esta flexibilización no significa que las empresas puedan descuidar su cumplimiento, especialmente aquellas que buscan exportar al mercado europeo”, advirtió Rengifo.Para el experto, cumplir con estas exigencias no solo es obligatorio, sino una oportunidad para diferenciarse y ser más competitivo. “Líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han expresado preocupaciones sobre cómo estas regulaciones pueden afectar la competitividad europea, lo que llevó a ciertos ajustes en su aplicación. Aun así, la preparación de las empresas sigue siendo clave para evitar riesgos futuros”, detalló.El mayor riesgo es la inacción. Ignorar estas normativas, no mitigar el cambio climático o descuidar los derechos humanos en las estrategias empresariales puede ser costoso en reputación y competitividad. “Las empresas deben anticiparse y actuar estratégicamente, porque el costo de no hacer nada puede ser mucho mayor que el de prepararse para los cambios que se avecinan”, agregó Rengifo.Herrera, por su parte, destacó que las empresas colombianas han fortalecido sus compromisos en sostenibilidad, ampliando su impacto en áreas estratégicas. Pese a cambios globales y a la salida de algunos países de acuerdos internacionales, “las compañías en el país mantienen estrategias de sostenibilidad a mediano y largo plazo, alineadas con estos compromisos”, señaló Herrera. El enfoque empresarial también ha convertido a la sostenibilidad en una ventaja competitiva. “Este compromiso sigue firme y hasta ahora no se han recibido solicitudes para reducir los estándares o flexibilizar las políticas en esta materia”, confirmó Herrera.Sobre las regulaciones en Europa, el experto reconoció mejoras en eficiencia y trazabilidad, pero advirtió que algunas exigencias ambientales funcionan como barreras comerciales. “No siempre reconocen las particularidades de cada país ni sus niveles de desarrollo, lo que las hace difíciles de cumplir”, añadió. Aun así, estas regulaciones pueden fortalecer las cadenas de suministro y demostrar avances en la reforestación, aunque con costos elevados en certificaciones.En Colombia, las empresas avanzan con reportes alineados a estándares internacionales y proyectos de eficiencia energética. “Grandes empresas han invertido en eficiencia energética y cogeneración con fuentes no convencionales, como la producción de energía a partir de biomasa residual. También se ha incrementado la capacidad de producción de combustibles derivados de residuos para sustituir el carbón”, explicó la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada.La bioeconomía y la innovación en materiales también crecen, con aportes clave de las pymes. “Un reconocimiento especial merece su papel en la economía circular y el desempeño ambiental de grandes empresas”, destacó Estrada. Este avance ha llevado al Gobierno a fortalecer regulaciones sobre reúso de aguas, reducción de plásticos y responsabilidad extendida del productor. “Se trabaja en la política de producción y consumo responsable y en la Estrategia Nacional de Economía Circular, con mesas sectoriales para fortalecer su implementación”, añadió. Además, los incentivos tributarios buscan acelerar la adopción de tecnologías limpias y mejorar la competitividad en un mercado global más exigente.Las diferencias en políticas de sostenibilidad generan un mercado global fragmentado, donde algunas naciones imponen estrictos estándares ambientales y otras aplican regulaciones más flexibles, lo que afecta la expansión empresarial. Para mantenerse competitivas en este escenario, las empresas colombianas deben adaptarse a cada mercado.“Esto implica un enfoque proactivo en sostenibilidad, anticipándose a los estándares mediante certificaciones reconocidas, la implementación de prácticas responsables y el uso eficiente de recursos a través de la tecnología”, señaló Caballero.Además, el desarrollo de protocolos y políticas de sostenibilidad propias genera beneficios colaterales importantes para la calidad ambiental del país. “Estos impactos positivos no solo mejoran el entorno, sino que pueden ser monetizados y utilizados estratégicamente para generar bienestar en toda la población”, reflexionó Baptiste.La diversificación de mercados y alianzas internacionales facilita el cumplimiento normativo y refuerza la competitividad. “Un ejemplo es el sector floricultor, que creó el sello Flor Verde, hoy reconocido globalmente y, en algunos aspectos, superior a los estándares internacionales”, destacó Estrada.Colombia también cuenta con un marco regulatorio sólido y empresas alineadas con estándares globales. Muchas compañías siguen normativas definidas por sus casas matrices, lo que refuerza su cumplimiento y competitividad en mercados internacionales, afirmó Rengifo de Cecodes.La homologación regulatoria es otro proceso en marcha con plataformas como GRI y certificaciones internacionales. “En Estados Unidos algunos estados con altos estándares ambientales han llegado a acuerdos de homologación para facilitar la operación empresarial”, destacó Arteaga.