Caso UNGRD: la Fiscalía hizo un rastreo de cuentas y bienes de Sandra Ortiz, exconsejera del presidente Gustavo Petro

Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones del presidente Gustavo Petro, involucrada, capturada e imputada por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue llamada a juicio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La Fiscalía alista las pruebas para un eventual juicio en su contra.

Entre los elementos de prueba que pretende llevar la Fiscalía al juicio en contra de la exconsejera del presidente Gustavo Petro, está el rastreo de bienes y cuentas bancarias de la exfuncionaria en Colombia y el exterior. El ente acusador hizo una verificación por entidades bancarias y el resultado de esas indagaciones fue puesto en consideración de los jueces.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, advirtió la Fiscalía durante la imputación de cargos a Ortiz.

La exconsejera estaría revisando, con su equipo de defensa, la posibilidad de llegar a algún tipo de colaboración con la justicia, en aras de cerrar el proceso en su contra y, de alguna forma, obtener algún tipo de beneficio, como rebaja de pena. Actualmente, se encuentra recluida en una guarnición militar.

“Se puede inferir de manera razonable que la consejera para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de entregar tres mil millones, derivados de contratación de UNGRD con destino al presidente del Senado”, señaló la fiscal durante la solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía presentó ante jueces de control y garantías los resultados de lo que llaman una búsqueda selectiva en bases de datos, que no es otra cosa que un rastreo minucioso a las cuentas y bienes que tendría la exconsejera para las regiones del presidente Gustavo Petro en Colombia. El juez legalizó las indagaciones del ente acusador.

Mientras el tiempo pasa, las posibilidades para Ortiz de obtener una negociación se agotan. Mientras tanto, el abogado Pablo Bustos, representante de comunidades en La Guajira, y víctima en este proceso, aseguró que la exfuncionaria busca un acuerdo y la sombra de la dilación se empieza a asomar. Pide a la justicia acelerar las decisiones.

“Los retrasos y violaciones continuas que se han dado alrededor de la hora de acusación de la señora Sandra Ortiz, posponerla significa diferir la cantidad de verdad y de responsabilidad penal, de justicia y dilación en la reparación respectiva en este entramado de corrupción”, dijo el abogado.