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Defensoría del Pueblo revela crítico panorama humanitario en el país: hay más de 5.452 personas desplazadas y 11.896 confinadas

La defensora Iris Marín hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a los grupos armados a proteger y dejar por fuera del conflicto a la población civil.

17 de febrero de 2025, 1:55 a. m.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, entregó un complicado panorama humanitaria en el país.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, entregó un complicado panorama humanitaria en el país. | Foto: Defensoría/AFP

La crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia empieza a generar preocupación en diferentes sectores. Es el caso de la Defensoría del Pueblo, que presentó un complicado panorama, que deja hasta el momento un gran impacto en comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas.

La entidad señaló que sumado a la situación del Catatumbo, que cumplió un mes de la emergencia, hay otras zonas en el país que también han sufrido los reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados que afectan a la población civil.

Según datos revelados por la Defensoría, por lo menos se ha presentado el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 más y 27 homicidios, todo ello alrededor del protagonismo de 10 grupos armados ilegales entre los que se destacan el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

En este momento en el país están activos al menos 11 focos de emergencia humanitaria que impactan de manera desproporcionada comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estos focos los protagonizan 10 grupos armados ilegales”, señaló Iris Marín.

Entre los grupos identificados se encuentran el ELN; “Comuneros del Sur”, que resultó del fraccionamiento del ELN; el Clan del Golfo; el Estado Mayor Central de las disidencias, al mando de Iván Mordisco; el frente 57 Yair Bermúdez, también de la disidencias de Mordisco; y el denominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente, que es el grupo de las disidencias lideradas por alias Calarcá Córdoba.

La defensoría también relacionó a los llamados Comandos de Frontera, que hacen parte de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que antes hacía parte de la Segunda Marquetalia; las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; la organización criminal de los Shotas; y la organización criminal de los Espartanos.

“Además de la crisis humanitaria del Catatumbo, sobre la cual hemos venido reportando en las últimas semanas, durante lo que va a corrido del 2025 vemos que los reacomodos, fraccionamientos y expansiones, así como las rupturas y pactos de coexistencia entre los grupos armados, han provocado graves afectaciones a la población civil”, señaló Marín.

Entre los focos que destacó la Defensora del Pueblo se encuentra el departamento de Chocó, donde, según la información suministrada, desde el pasado 4 de febrero, en la región del San Juan, se vienen presentando enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, “que busca su expansión territorial”.

“Por primera vez, hemos recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias Mordisco, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, señaló Marín, al tiempo que mencionó el nuevo paro armado de 72 horas anunciado por el ELN desde el próximo 18 de febrero.

“En este contexto se han registrado confinamientos tras la orden de suspensión de la navegación en la zona, así como la presencia de minas antipersonal, cerca de caseríos y de escuelas. Hasta ahora, al menos, 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos en la región”, mencionó.

ELN
El ELN es uno de los 10 grupos armados vinculados a la crisis humanitaria en varias regiones del país. | Foto: AFP

En esta zona del país, la mayor preocupación, según resaltó la defensora del pueblo, está sobre el pueblo Wounan, que en su mayoría se encuentra en confinamiento, enfrentando restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos como alimentación.

Otro foco está en el departamento de Nariño, debido a la confrontación entre las disidencias al mando de Iván Mordisco y el Frente Comuneros del Sur, por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de 100 familias y el confinamiento debido a minas antipersonal.

Allí se tiene un registro de 214 personas confinadas durante la semana del 10 de febrero, a causa de las acciones de la Fuerza Pública por contener la expansión de la disidencia, que al mismo tiempo están instrumentalizando a la población y la están presionando para impedir el ingreso de las autoridades.

En el departamento del Cauca se encuentra la disputa entre las disidencias de Mordisco y el ELN en Caldono, donde se ha presentado el confinamiento de, por lo menos, 1.200 personas, así como desplazamiento forzado de varias familias de la zona.

En la zona también se reportan enfrentamientos entre alias Mordisco y el llamado Frente 57 Yair Bermúdez, que es un grupo que se fraccionó de la disidencia de Mordisco, lo cual ha dejado muertes violentas dentro de ambos grupos. “Además, más de 1.000 personas permanecen confinadas desde hace un año en el corregimiento de Ortega, en Cajibío, bajo el control las disidencias de Mordisco”, señaló la defensora.

En el Bajo Calima, en el Valle del Cauca, también hay disputas entre el ELN, el Clan del Golfo y una nueva disidencia denominada Wilson González, lo que ha puesto en riesgo a 9 comunidades del Consejo comunitario del Calima y una comunidad indígena, el Resguardo Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán.

“Allí se ha generado el confinamiento de 2.744 personas, también se han registrado múltiples secuestros y homicidios, con un impacto desproporcionado sobre comunidades afrodescendientes e indígenas”, explicó la Defensoría en su informe.

La Defensoría del Pueblo estuvo en Chocó y alertó que se puede generar una crisis humanitaria.
La Defensoría del Pueblo estuvo en Chocó y alertó que se puede generar una crisis humanitaria. | Foto: Defensoría del Pueblo.

La guerra en el departamento también se vive en el casco urbano de Buenaventura, donde la disputa territorial entre Shottas y Espartanos, tras el fin de una tregua, que deja 938 personas confinadas. Esto se da en las comunas 10, 11, 12, 2 y 3, con un incremento significativo de homicidios.

También se han presentado disputas en Briceño, Yarumal y Valdivia, en Antioquia por cuenta del Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá Córdoba. El confinamiento en esta zona del país da cuenta de 135 personas y el homicidio de seis civiles.

En el Bajo Cauca también se disputan el territorio el Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá Córdoba, quienes al parecer actúan en alianza con el ELN. Para esta región se contabilizan 370 personas desplazadas de Remedios, Segovia y Anorí, y 160 en El Bagre.

En la Sierra Nevada, el Clan del Golfo y las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra se disputan el territorio y dejan a su paso homicidios selectivos, confinamientos y desplazamientos forzados, afectando a comunidades de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, Kamkuamo y Wayú.

La Defensoría también denunció foco en la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Putumayo y Tolima.

Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73 % de los municipios del país: 809″, dijo Marín.

Ante este crudo panorama, la Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones que prioricen la protección de las comunidades afectadas. Así mismo, le solicitó a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias.

A los grupos armados ilegales les exigió respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario, así como “no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial”.

Finalmente, al Gobierno nacional lo instaron para que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario y no involucrar a la población civil en el conflicto armado.