Nación
Dos ministros del presidente Petro pasan a juicio en la Corte Suprema por gravísimos escándalos de corrupción
En los próximos días se conocerán las fechas de las audiencias contra los actuales ministros del Trabajo e Interior.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ya designó a los magistrados que se encargarán de los juicios que avanzan actualmente contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Con esa parte superada, se da inicio a esa etapa judicial contra dos altos funcionarios del Gobierno Petro.
El caso del ministro del Interior, Armando Benedetti, pasará al despacho del magistrado Ariel Augusto Torres, quien deberá llevarlo a juicio por la investigación que hay en su contra alrededor del escándalo de corrupción al interior del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
La Corte Suprema señaló en el escrito de acusación contra el exjefe de despacho de Petro que hay serios indicios sobre su posible participación en el delito de tráfico de influencias en ese proceso.
“De las pruebas legalmente practicadas y valoradas, inexorablemente se desprende que, en el grado de conocimiento requerido, es probable que el senador Benedetti Villaneda haya cometido el delito de tráfico de influencias de servidor público en calidad de autor”, dice el documento.
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El caso contra el actual ministro del Interior de Colombia arrancó cuando el abogado Jaime Lombana Villalba lo denunció por el supuesto manejo burocrático y las presuntas intermediaciones que habría realizado al interior del extinto Fonade.
Las pruebas en la investigación demostrarían que Armando Benedetti, al parecer, influyó a un exfuncionario del Fonade para que realizaran una serie de movidas que terminarían dándole un contrato a una empresa identificada como Certicámara S.A.
El escándalo de Antonio Sanguino
El magistrado Jorge Emilio Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, se hará cargo del juicio contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, una de las recientes fichas que llegó al Gobierno en medio de los sacudones que ha tenido el gabinete del presidente Petro.
El caso de Sanguino llegó a la Corte Suprema de Justicia después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo firmara la resolución que rompió la unidad procesal del caso, teniendo en cuenta que quedó con fuero especial tras ser designado por el presidente Petro como ministro del Trabajo el pasado 12 de octubre.
La investigación, que ahora queda en manos de la Sala de Primera Instancia, se relaciona con unas supuestas presiones que habría hecho en 2008, cuando era concejal de Bogotá, para nombrar a una persona de confianza en uno de los hospitales públicos más importantes de la ciudad.
Con ese cargo, Sanguino habría buscado manejar la contratación del centro médico, beneficiando a varios contratistas, entre ellos Julio Gómez, uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá que se presentó durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
“Se tiene información de que al entonces concejal Sanguino le interesaba tener un posicionamiento político sobre el Hospital de Usme”, indicó la fiscal. Por esto, habría sostenido reuniones con el alcalde Samuel Moreno, quien hacía parte de su partido político, y con el secretario de salud, Héctor Zambrano.
