Fiscalía perdió ‘round’ contra los investigadores del caso Nicolás Petro. Habla su defensa

“No es pedir medidas de aseguramiento por pedir”, fue la advertencia que saltó en la audiencia con la que la Fiscalía esperaba llevar a la cárcel a sus propios funcionarios, los investigadores del CTI que participaron del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Para el juez, la Fiscalía no logró demostrar la necesidad y urgencia de la medida de aseguramiento en contra de los investigadores Víctor Forero y Juan Camilo López. Los dos fueron capturados como presuntos responsables de favorecer a otro investigador del CTI que estaba procesado por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes y de contrabandistas.

“Enviar a estos hombres a prisión para cumplir los fines constitucionales que ha señalado la Corte Suprema”, ha dicho la Fiscalía. “En primer lugar, que la libertad de estos ciudadanos pone en riesgo y puede constituir una obstrucción a la justicia, primer fin constitucional. Aquí la señora fiscal nos dijo que era urgente, que estos ciudadanos podrían afectar, podrían obstruir la investigación”, dijo el juez.

El juez negó la medida de aseguramiento que pidió la Fiscalía y advirtió que el ente acusador no logró demostrar la necesidad de mantener privados de la libertad a los investigadores, ni que efectivamente representen un peligro para la sociedad; al contrario, que el riesgo lo desmontó la propia defensa en su intervención.

“Mantuvo incólume la presunción de inocencia de los señores Víctor Forero y Juan Camilo López. Lo primero es que la Fiscalía acreditó o intentó acreditar una medida de aseguramiento, sin que existiera un requisito de urgencia o una situación que fomentara a medidas aseguramiento; por el contrario, un juez de la República nos asiste la razón sobre los elementos materiales probatorios”, dijo el abogado Juan Felipe Criollo, defensor de los investigadores.

Para la defensa es claro que la Fiscalía trató de demostrar una inferencia razonable de participación de los investigadores en los hechos que son materia de investigación y que llevaron a la captura de los funcionarios por tres delitos: fraude procesal, falsedad en documento público y favorecimiento.

“Nosotros presentamos una multiplicidad y variedad de elementos materiales probatorios partiendo del testigo clave Julio César Toro Morales, quien supuestamente era el que había brindado la información relevante sobre el señor Francisco Martínez, a quien han denominado como Pacho Malo, y aseguró que no existió ningún tipo de información relevante”, advirtió el abogado.

En criterio de la defensa, el juez concluyó que no existió un complot, como quiso demostrar la Fiscalía para demostrar o soportar la necesidad de la medida de aseguramiento, un argumento que se quedó a la mitad del camino porque el juez tomó la determinación de dejarlos en libertad y con algunas pocas restricciones.