Marchas del 18 de marzo: un malabar político del Gobierno, que genera tensiones innecesarias con las regiones

Al presidente Gustavo Petro siempre le han gustado las marchas y la movilización popular. Las apoya desde antes de llegar a la Casa de Nariño y con ellas ha querido gobernar a Colombia. Aunque ha convocado varias en sus dos años y medio de mandato, quizás la que citó para este martes, 18 de marzo de 2025, sea una de las más decisivas.

Si bien sus reformas sociales las ha impulsado con arengas e invitando a las calles a campesinos, negros, indígenas y trabajadores, hasta ahora la estrategia no ha dado resultado, pues solo una de las iniciativas, la pensional, logró ser aprobada en el Congreso, pero ahora está en la cuerda floja en la Corte Constitucional.

Aun así, el primer mandatario persiste en convocar a sus bases y las citó para el próximo martes, 18 de marzo. Su objetivo es movilizarlas para presionar a favor de una controvertida consulta popular, concebida como una alternativa para impulsar las reformas. Esta iniciativa se ha transformado en una cuestión de honor para el presidente, intensificando el pulso político.

Con el fin de asegurar una mayor participación, el día de la marcha fue declarado cívico. De esta manera, podrán asistir todos aquellos que quieran hacerlo, sin temor a ver afectados sus trabajos, pues como dijo el mismo Petro en su cuenta en X: “Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”.

Sin embargo, la declaración del día cívico fue la gota que rebosó la copa de los mandatarios locales, quienes respetan el derecho a la movilización social y a la protesta, pero no acompañan la idea de que ese día no se trabaje.

Los alcaldes de Cali, Alejandro Eder; de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; de Medellín, Federico Gutiérrez; y de Cartagena, Dumek Turbay, manifestaron su rechazo al día cívico e insistieron que ese 18 de marzo todas las entidades y organismos a su cargo funcionarán como cualquier día hábil.

Por este motivo, el analista político Pedro Medellín considera que con esta marcha se está generando una innecesaria tensión institucional entre el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. “Para los gobiernos locales perder un día de trabajo o declarar un día cívico, es una pérdida en impuestos y en su economía, especialmente porque no es un hecho de trascendencia, sino una actividad que busca medir las fuerzas políticas del país”, sostiene.

Un termómetro real

En reciente entrevista con SEMANA, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que para las marchas cuentan con el respaldo el Comando Nacional Unitario, instancia en donde tienen asiento las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, así como las federaciones de pensionados, Fecode y las organizaciones indígenas.

Medellín dice que la marcha va a ser un termómetro real del apoyo de las organizaciones sindicales al Gobierno, así como sobre qué tan cohesionados están los sectores que respaldan a Petro. “Si es cierto que hay un 30 % de la población que está con el Gobierno, la gente que se movilice en la calle ese 18 de marzo debería ser proporcional a ese porcentaje e implicaría unas manifestaciones multitudinarias”, explica.

En la entrevista, Sanguino se abstuvo de decir cuánta gente esperan el día de la movilización, aunque anunció que vendrán otras grandes marchas, como la del primero de mayo por el Día del trabajo.

El exministro Juan Camilo Restrepo considera que las marchas son una maniobra del presidente Petro para tratar de recobrar popularidad. “Primero ensayó los balconazos, después los anuncios de que íbamos para una asamblea constituyente y como nada de eso funcionó, ahora sale con esta idea de la consulta popular”, explica.

En su concepto, el presidente Petro ha perdido la “calle espontánea” y ahora “va a comprar las marchar con el presupuesto público. Y eso es lo que vamos a empezar a ver el martes. Unas marchas detrás de las cuales hay grandes movimientos de dineros públicos, que no tendrían por qué estar dedicados a promover una consulta que no va a valer menos de un billón de pesos”, reitera. Su cuenta es que la sola consulta electoralmente vale 700.000 millones de pesos y los 300.000 millones restantes serían el costo de las movilizaciones y la agitación.

De la misma manera, Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), considera que esta marcha es una apuesta muy arriesgada del presidente Petro, porque en cierta medida va a cuantificar efectivamente qué tanto apoyo tiene. “Yo no me atrevería a predecir cuál va a ser la cantidad de gente que va a marchar, pero creo que no va a salir bien, porque la Corte Constitucional no va a ceder a ceder a la presión en las calles”, anota al tiempo que añade que independientemente de si salen muchos o pocos, difícilmente es una acción que lograría sacar adelante las reformas.

El también exministro José Manuel Restrepo, y actual rector de la Universidad EIA, publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que envía un mensaje a quienes piensan marchar. Les pide evitar ser manipulados por un actor político. “Es una marcha que busca ser aprovechada por un gobierno de turno que, como ya no puede mostrar resultados, que como ya no tiene capacidad de ejecución, ahora prefiere hacer campaña política aprovechándose de los ciudadanos, aprovechándose de las personas más sencillas de nuestro país y utilizándolos en una marcha como la del 18 de marzo. Así que antes de participar en esas expresiones que son genuinas y válidas, piense bien si usted quiere ser o no utilizado por un actor político”, insistió.

Los analistas advierten que la marcha no solo representa una apuesta arriesgada, sino también un malabar político que podría tener un desenlace desfavorable, tanto para el Gobierno como para el país. Medellín recalca que esta acción fomenta una confrontación innecesaria. “Los colombianos ya enfrentan una enorme presión, debido al accionar de los grupos criminales, como para sumar ahora un enfrentamiento entre los sectores a favor y en contra de las reformas”, concluye.