Primicia: las pruebas que ordenó la Corte al Gobierno para demostrar la necesidad de decretar conmoción interior en el Catatumbo

Desde finales de enero de este año, el decreto de conmoción interior que ordenó el Gobierno nacional en el Catatumbo, Cúcuta y parte del departamento del César, llegó a la Corte Constitucional para su respectiva revisión. La magistrada Paola Meneses quedó a cargo de esa labor y hace pocos días ordenó una serie de pruebas para verificar esa medida, ante la grave situación de orden público que atraviesa esa región del país.

SEMANA conoció en primicia el auto con el que la magistrada Meneses le ordenó a la Presidencia, a la UNP, a la Unidad de Víctimas, a la Agencia de Reincorporación y a otras entidades, entregar una serie de pruebas que permitirán esclarecer si decretar esa medida era necesario frente a la perturbación del orden público, la inminencia del ataque y, sobre todo, si los efectos de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc no podían ser atendidos por las facultades ordinarias de la Fuerza Pública.

Una de esas órdenes llegó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la cual deberá entregar una lista con las razones por las que el Gobierno Petro concluyó que la “problemática estructural de orden público que se ha presentado en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta, así como en los municipios de Río de Oro y González, la actual intensificación de la perturbación al orden público puede calificarse de ‘grave’ en los términos del artículo 213 de la Constitución Política”, dice el auto conocido por esta revista.

El Gobierno deberá explicar los motivos por los que consideró que el escalamiento de la violencia entre el ELN y las disidencias de las Farc es superior al que se registra desde el año 2022. Esa información tendrá que ser soportada con datos estadísticos y relevantes con fundamento.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá detallar “a partir de qué fecha ha identificado la existencia de riesgo extraordinario en firmantes del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP que residen en la región del Catatumbo, del área metropolitana de Cúcuta, así como de los municipios de Río de Oro y González (Cesar)”.

Los alcaldes de los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander, Río de Oro y González, así como a los gobernadores de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, deberán entregar información actualizada sobre las consecuencias que ha dejado la guerra en esa zona de Colombia.

“Remitan información que permita constatar, mediante datos estadísticos, la evolución de: (a) personas desplazadas, (b) ataques en contra de firmantes de paz y de líderes sociales, (c) extorsión, secuestros, amenazas y ataques en contra de la población civil, (d) homicidios o lesiones personales, y (e) hechos constitutivos de desaparición forzada, por hechos ocurridos en su jurisdicción territorial desde 2022 hasta la fecha”, es la orden dada a los mandatarios departamentales y municipales.

Uno de los fenómenos que más ha llamado la atención al alto tribunal es si el desplazamiento forzado de la población ha desbordado las capacidades institucionales para atender a quienes han huido de las balas. Las autoridades han confirmado en las últimas horas que a la fecha hay más de 50 mil víctimas de ese flagelo.

Pero las explicaciones también se deberán dar sobre las movidas que ha tenido el ELN, las disidencias de las Farc y Los Pelusos frente a la presencia que han tenido sus redes de apoyo en Norte de Santander y Cesar, además de precisar las intenciones que ha tenido el Clan del Golfo para ingresar a esos departamentos. Las autoridades le deberán detallar a la Corte cómo ha sido el escalamiento de las hostilidades a la población y la guerra que hoy tiene en vilo al Catatumbo.

La Defensoría del Pueblo deberá detallar cuántas alertas tempranas ha emitido, advirtiendo la situación con escenarios, actores, mecanismos de aviso al Gobierno y las recomendaciones que ha hecho para atender lo que hoy es un conflicto armado que deja miles de víctimas. La Presidencia también deberá demostrar cómo ha atendido esas alertas.

La Unidad para la Atención de Víctimas deberá entregar “información que permita constatar, mediante datos estadísticos, la evolución de: (i) personas desplazadas, (ii) ataques en contra de firmantes de paz y de líderes sociales, (iii) extorsión, secuestros, amenazas y ataques en contra de la población civil, (iv) homicidios o lesiones personales, y (v) hechos constitutivos de desaparición forzada”.

El Gobierno tendrá que demostrar la forma en que valoró que la violencia entre el ELN y las disidencias se convirtió en un riesgo inminente y concreto para la prestación de servicios públicos, acceso a la justicia, educación, salud, acueducto, actividad industrial y comercial, infraestructura, agro, acceso de alimentos y a la infraestructura energética.

“Explique de forma clara, concreta y detallada las razones por las cuales el Gobierno nacional consideró que los presuntos incumplimientos del Acuerdo Final de Paz tienen una relación de causalidad directa con (a) la perturbación grave y extraordinaria del orden público en el Catatumbo y (b) la afectación inminente de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”, es otra de las pruebas que llegará a la Corte para verificar la validez del decreto de conmoción interior.

Mientras que el Comando de las Fuerzas Militares y la Policía deberán presentar información sobre el conflicto armado en Colombia, y en concreto, la crisis de orden público por la que hoy pasa el Catatumbo, Cúcuta y César.

La Corte también pidió información sobre “la atención a las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, según corresponda, la actual perturbación del orden público en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta, así como en los municipios de Río de Oro y González, derivada del accionar violento del ELN u otros GAO o GDO, implica un riesgo de afectación inminente y directo a (a) la estabilidad institucional, (b) la seguridad del Estado, y/o (c) la convivencia ciudadana”.

Las pruebas que ordenó la Corte Constitucional se conocen días después del consejo de ministros en el que no se tomó ni una sola decisión para atender lo que hoy sucede en el Catatumbo, pero que sí dejó en evidencia la enorme división que hoy se vive al interior del Gobierno Petro.

La senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se suspenda el estado de conmoción interior decretado en el Catatumbo, alegando que el Gobierno podría aprovechar de esa declaratoria las nuevas facultades de las que ahora goza el presidente y que durarán 90 días.