Habitantes de Vetas se declaran en desobediencia civil y anuncian movilizaciones contra el Gobierno

Con pancartas en mano y consignas de resistencia, cientos de mineros y sus familias se congregaron en las calles de Vetas, Santander, para declararse en desobediencia civil frente a la prohibición de la minería en su territorio, impuesta por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 0221 de 2025. La medida, que establece una Zona de Reserva Temporal, ha generado un fuerte rechazo en esta región, donde la minería es el principal sustento económico.

Los manifestantes exigen a las autoridades locales convocar una consulta popular para que sean los habitantes quienes decidan si aceptan o rechazan la prohibición de la minería en su territorio. Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera, fue enfática al afirmar: “Nos declaramos en desobediencia civil. Si vienen por un vetano, vienen por todos. No lo vamos a permitir. Queremos que se respete nuestra autonomía territorial, nuestra vocación minera y nuestro derecho a elegir nuestro oficio”.

La Resolución 0221, firmada el pasado 3 de marzo por la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha sido cuestionada por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los alcaldes de la Provincia de Soto Norte y la Gobernación de Santander, quienes señalan inconsistencias técnicas, jurídicas y procedimentales en su implementación. Además, la medida afecta directamente a miles de familias de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, municipios con una tradición minera de más de 400 años.

La protesta se llevó a cabo durante la visita de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Colombia Internacional, quienes socializaron un proyecto para realizar un censo de mineros y promover su “reconversión” hacia otras actividades económicas. Sin embargo, los habitantes rechazaron la propuesta, argumentando que desconoce su historia, cultura y prácticas mineras sostenibles que han preservado los ecosistemas de la región.

“Así como el presidente Petro dijo que sea el pueblo el que decida, nosotros pedimos que sea nuestro pueblo el que decida si se aprueba o no la prohibición a la minería en nuestro territorio. No pueden acabar nuestra vocación con resoluciones amañadas e inconsultas”, expresó González.

Los mineros y las organizaciones sociales anunciaron una “tutelatón” y movilizaciones en Bucaramanga y Bogotá para exigir la revocatoria de la resolución. Además, recordaron que, durante el proceso de delimitación participativa del páramo de Santurbán, se acordó excluir la zona minera de Vetas del área protegida, por lo que consideran innecesarios los proyectos de reconversión.

Los líderes de la región insisten en que cualquier iniciativa que afecte a la comunidad debe incluir un proceso de participación previa, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú y la Sentencia T361 de la Corte Constitucional. Mientras tanto, la lucha por la revocatoria de la Resolución 0221 continúa, y los habitantes de Soto Norte están dispuestos a defender su legado minero y su derecho a decidir sobre el futuro de su territorio.