“Investigar antes de capturar”: SEMANA revela detalles de la nueva estrategia de la Fiscalía para combatir la impunidad

Dos resoluciones y una promesa de campaña de Luz Adriana Camargo se convierten en el derrotero para la investigación en la actual administración de la Fiscalía. El cúmulo de demandas por errores en los procedimientos y la elevada cifra de casos perdidos en juicio marcaron el nuevo rumbo del ente acusador.

Al llegar a la Fiscalía, Luz Adriana Camargo encontró cifras de esclarecimientos de hechos criminales que resultarían envidiables en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los datos no cuadraban con el porcentaje de las condenas como indicador de cierre de los procesos.

En términos prácticos, la medición real de los esclarecimientos. Hace más de ocho años se puso en marcha el censo delictivo, una fórmula para medir la operatividad de la Fiscalía y de los propios funcionarios como responsables de las investigaciones. El censo también se convirtió en la radiografía que utilizó la dirección de políticas públicas para proyectar las estrategias en las regiones y enfrentar los diferentes tipos de criminalidad.

Semanalmente, se revisaban las cifras de imputaciones, órdenes de captura y medidas de aseguramiento en las seccionales del país y, de esta forma, según fuentes de la misma Fiscalía, se lograba construir no solo la estadística, sino estrategias gerenciales para la toma de decisiones en los territorios. Sin embargo, el equipo de la fiscal Camargo le hizo una cirugía al llamado censo delictivo. La nueva cúpula concluyó que muchas de las cifras que se incluían en el documento no podían confundirse con indicadores de esclarecimiento.

De esta manera, explicaron que tener como punto de referencia las órdenes de captura o las imputaciones llevaba a una falsa idea de efectividad y motivaba a actuaciones afanadas de los funcionarios. Nueve meses después de ese análisis, la Fiscalía emitió la Resolución 0562 con la que se definió la política de priorización de la entidad “con enfoque territorial”.

Se trata de la fórmula que aplicarán para delimitar la dinámica de investigación y abordaje de las conductas criminales en las regiones, alejada de las cifras, pero más cerca del estudio de los casos en contexto.

“La priorización con enfoque territorial implica la revisión constante y gestión estratégica de la carga de trabajo y el flujo de casos que son puestos en conocimiento de la entidad según las características, dinámicas y necesidades de cada región a partir de la adopción de decisiones diferenciadas, focalizadas y en aplicación de criterios previamente establecidos”, señala la resolución de la Fiscalía.

La apuesta incluye una reorganización de las seccionales en el país. Con la propuesta inicial de la fiscal Camargo, que sea un solo fiscal el encargado de imputar, acusar y buscar una condena en los casos que se asignan. Así, los funcionarios se obligan a construir investigaciones sólidas desde las primeras etapas del proceso, “no solo imputar o capturar para llenar la estadística”, como señalan en la entidad.

Allí explicaron que la puesta en marcha de la estrategia de priorización tiene como origen un llamado de atención de la propia Corte Constitucional tras advertir que el ente acusador no puede confundir las actuaciones de los fiscales e investigadores con indicadores de esclarecimiento, pues mientras aumentaban las imputaciones, también crecía el número de juicios perdidos.

“Las Direcciones Seccionales y Especializadas formularán los planes de priorización respectivos, conforme al mejor conocimiento que tienen acerca de los fenómenos, situaciones y casos que ocurren en las regiones. Por ello, consolidarán planes anuales, sin perjuicio de los eventos de criminalidad adicionales que se identifiquen y que activen la aplicación de la medida de priorización”, explica la resolución.

La estrategia no es nueva. En la administración de Eduardo Montealegre también se habló de priorización como la receta para abordar las dinámicas criminales por la gravedad de las conductas y el impacto que provocan en la sociedad, justamente los criterios que influyen en la resolución de la fiscal Camargo, con un ingrediente adicional.

La resolución anticipa que habrá “niveles” de priorización –local, regional, especializada y nacional– enfocados en los fenómenos criminales y articulados según las necesidades. Los casos en territorio deberán ser discutidos en las seccionales, y las estrategias tendrán que cumplir un estándar mínimo.

“El ejercicio de priorización exige analizar, identificar, comprender y abordar –de manera diferenciada y focalizada– las características de todas las regiones del país, los problemas de criminalidad que las afectan, y las capacidades y limitaciones institucionales para el ejercicio de la acción penal frente a dichos fenómenos”, advierte el documento que conoció SEMANA.

La propia Fiscalía y sus directivas son conscientes de la papa caliente que esperan agarrar con las manos. No es sencillo explicarles a los funcionarios y al país que la estrategia de investigación y de impacto a la criminalidad no estará atada a las órdenes de captura diarias o al listado de imputaciones semanales. Esperan convencer a los funcionarios de que la mejor forma de capturar es investigar.

Fuentes de la misma Fiscalía advirtieron una preocupación por la ausencia de cifras y datos estadísticos que medían la actividad de los fiscales y que en tiempo real reflejaban la situación del país. SEMANA trasladó esa preocupación a directivas del ente acusador, que aseguraron contar con esas cifras y explicaron que la estrategia de priorización también la tendrán en cuenta.

Si antes las capturas y las imputaciones eran el instrumento para tomar decisiones en los territorios, ahora será distinto. Luego del análisis en la priorización de casos, de acuerdo con los criterios fijados en la resolución, la Fiscalía hará seguimiento a esas imputaciones y capturas.

“La ejecución de la política de priorización adoptada por las instancias de decisión será objeto de seguimiento, control y apoyo en los términos que se precisan en esta resolución. Sin perjuicio de ello, las instancias de decisión y los planes de priorización no tendrán jerarquía entre sí, se ejecutarán de forma paralela e independiente, pero articulada bajo las reglas definidas”, explica la resolución firmada por la fiscal Camargo.

Anticiparon en la Fiscalía que la estrategia de priorización se acompaña de otras decisiones de relevancia para el sistema judicial, como la posibilidad que tendrán los fiscales en todo el país de firmar principios de oportunidad y así descentralizar esa función, que estaba en cabeza de la fiscal general.

Además, el grueso de la resolución, que fija los alcances de la propuesta de priorización, es un ingrediente en el proyecto de reforma a la Ley 906 de 2004, que contempla cambios sustanciales para el sistema penal acusatorio y es presentada al Congreso en articulación con el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema.

Las cartas se destaparon en la Fiscalía y la estrategia que proponen es una apuesta de todo o nada. El resultado podrá llevar a investigaciones de gran impacto y, de paso, responder al reclamo de justicia de los ciudadanos.