Niños indígenas y afro se están suicidando en el Chocó para evitar ser reclutados. Estas son las dolorosas historias

Las comunidades indígenas del Chocó padecen una tormenta de violencia que no cesa desde 2020. Además de los confinamientos, homicidios, explosiones y amenazas, el ELN y el Clan del Golfo están detrás de una epidemia de suicidios que afecta a los menores de edad, que viven angustiados por las presiones para pertenecer a sus filas.

SEMANA recogió testimonios en varios municipios del departamento que ilustran el pánico de los habitantes y el olvido del Estado. Según las cuentas de las organizaciones que representan a estas poblaciones en Quibdó, hace seis años, en promedio, cada mes se quitan la vida tres jóvenes para evitar el reclutamiento. Pero en los últimos 12 meses esa medición casi que se triplicó, en uno de los periodos con mayor violencia en esa región.

“Algunos muchachos se ahorcan porque ellos ven que no tiene sentido seguir”, dijo uno de los líderes, que pidió omitir su identidad, pues corre el riesgo de ser declarado objetivo militar, como ha ocurrido con sus compañeros, que intentan defenderse de los ilegales.

Estos números están alejados de los reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y dan cuenta del subregistro. En el mismo periodo que reseñaron los grupos indígenas consultados para este informe, la entidad confirmó que en la capital del departamento se conocieron 36 casos, cuando ellos hablan de más de 200. Un ejemplo fue lo ocurrido en 2024: los indígenas sepultaron a 40 jóvenes que se suicidaron por circunstancias asociadas al conflicto, pero solo se reportaron ocho fallecidos.

La situación más crítica se vive en los municipios de Bojayá y Alto Baudó, donde las organizaciones delincuenciales gozan de poder para empujar el narcotráfico hacia el mar. Uno de los habitantes de esta región explicó con un español difícil de comprender que la “guerrilla” y los “paramilitares” están incursionando en sus territorios para llevarse a mayores de 12 años, primero como una oferta de trabajo y luego como una obligación para poder vivir.

Esta versión fue confirmada por uno de los líderes indígenas más destacados del departamento, cuyo nombre se omitió por petición propia: “Ellos andan con el cuento de ofrecer trabajo donde hay cultivos (de hoja de coca); entonces, hay raspachines y para servir de mula, cargar. Hace varios años vienen fomentando el cultivo y montando cocinas. Las comunidades han intentado controlar que los jóvenes no se involucren en la parte del narcotráfico, como en las filas”.

El fenómeno es igual en Nóvita, uno de los pueblos clave para la expansión del Clan del Golfo. Los “gaitanistas”, como los distinguen en esta zona de la región, se ubican por fuera de los resguardos para ‘arrestar’ a los jóvenes que son de su interés. Uno de los hombres que vive en la montaña, a tres horas del casco urbano, describió las maniobras de los delincuentes: “Si los muchachos se encuentran solos por fuera, trabajando en los ríos o cazando, se los llevan”.

Las mujeres indígenas también son buscadas insistentemente por los sujetos armados para que carguen un fusil o para violarlas bajo el cielo abierto. “Reclutan a las mujeres y abusan de ellas. Si logran salir de allá, toca esconderlas, no pueden estar en la comunidad porque, si las encuentran, las matan”, agregó uno de los voceros de una organización de Quibdó. Las denuncias se quedan en el monte, y la guardia indígena, de la mano de los gobernadores, trata de hacer justicia.

Una guerra sin fin

El ELN y el Clan del Golfo tienen el afán de aumentar el número de personas en sus filas por la guerra que sostienen en el Chocó. Cuando se firmó el acuerdo de paz, las Farc-EP salieron de la región y los elenos se tomaron las tierras, pero los herederos de alias Otoniel crearon una comisión repleta de armas para arrebatarles el poder.

Las dos organizaciones delincuenciales se disputan el control de las rutas del narcotráfico, los centros de producción de cocaína y la extracción ilícita de yacimientos mineros. De acuerdo con información de unidades de inteligencia, son cientos de millones de pesos los que están en juego. La población civil está en la mitad de sus intereses y, pese al escalamiento de los combates desde hace cuatro años, las Fuerzas Militares no han podido controlar la situación.

Fuentes de la fuerza pública afirmaron que el ELN, que estaría debilitado en el sector, acude a los paros armados para imponer confinamientos y ganar ventajas sobre el Clan del Golfo en el posicionamiento de sus hombres. Para uno de los representantes de los indígenas que reside en la capital del departamento, este aislamiento permanente de las poblaciones en medio de las montañas también estaría llevando a los jóvenes al suicidio porque están encadenados.

“Decretan que nadie puede moverse. Entran en confinamiento. La gente no puede ir a trabajar ni a sembrar. El ELN siembra la mina antipersonal en los cultivos; eso hace que haya accidentes de mujeres, mayores y jóvenes que caen en esa mina. Eso hace que haya confinamiento. Viene el problema de la hambruna. Se suicidan porque se sienten muy presos, no hay libertad, aguantan hambre porque no pueden salir a buscar comida”, agregó el líder indígena. La única estrategia que han tenido a la mano las comunidades del Chocó es la espiritualidad, con el apoyo de sus sabios.

“Nosotros hemos intentado hacer nuestro trabajo con el conocimiento tradicional, una sanación territorial y una sanación espiritual de las personas, de los niños que tienen problemas, que tienen sus síntomas. Hay que hacerles los remedios, los baños, todo para fortalecer el ánimo, que no estén pensando en suicidarse”, comentó un indígena.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo le indicó al Gobierno nacional que es urgente la protección de la salud mental y emocional de los menores de edad de las comunidades embera del Chocó. Entre enero y junio de 2024, solo en Bojayá, tres niñas, un niño y dos jóvenes acabaron con sus vidas por las disputas de los ilegales. “¿Cómo es posible que niñas, niños y jóvenes en Chocó opten por la muerte y no por la vida?”, cuestionó la defensora Iris Marín.

Las Fuerzas Militares constataron que buena parte de los integrantes de los grupos armados son indígenas que provienen de los municipios del Pacífico. El temor de la Gobernación y la Iglesia católica es que la violencia podría ser similar, o peor, a la acontecida desde enero en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde ya van 76 fallecidos –entre ellos seis menores–.

Las autoridades acusaron a alias Jerson de ser el responsable del horror del ELN, aunque también es distinguido en el mundo criminal con los alias de Galán o Ministro; él es el cabecilla del frente Ernesto ‘Che’ Guevara. En el otro extremo, en las filas del Clan del Golfo, está Pablo Antonio Borja, alias Piernas Limpias, que tiene el liderazgo de la subestructura Baudó, con injerencia en el Alto, Medio y Bajo Baudó.