Con las ruedas pinchadas: panorama del gremio transportador en Colombia

El candidato Petro prometió y el presidente Petro les incumplió. Y es que, este sector, que no solo moviliza vidas, economía y desarrollo, hace que en Colombia circulen más de 4 millones de vehículos. De ellos, 455.082 son de carga, lo que representa el 2,4 % del parque automotor del país. Dentro de esta categoría, el 71 % corresponde a camiones, el 16 % a tractocamiones y el 13 % a volquetas. Para las familias que se sustentan de esta actividad, tener uno de estos vehículos no significa vivir en opulencia o boyante económicamente. Muchos han tenido que endeudarse con créditos a cinco años o más para adquirirlos. Sin duda, estos vehículos no son un lujo ni una fuente de entretenimiento, sino su herramienta de trabajo y la única manera de llevar sustento a sus hogares.

Durante la campaña presidencial, el sector transportador depositó grandes expectativas en la llegada de Gustavo Petro al poder. Promesas como peajes con tarifas diferenciales y horarios pico, combustibles más asequibles, precios justos para licencias y tecnomecánica, subsidios al transporte público, legalización de plataformas y apoyo a los empresarios generaron esperanzas. Sin embargo, dos años después, ninguna de estas iniciativas se materializa.

En ese entonces, leíamos: “¿Qué ganan los taxistas con Petro? Combustible más barato, taxis más baratos, más seguridad, vehículos más modernos”.

Hoy, dos años y medio después, vemos como el gremio ha enfrentado reiterados incumplimientos. El golpe más fuerte, sin duda, fue el aumento del precio de la gasolina y el ACPM, que afecta a transportadores de carga, taxistas, vehículos particulares y motociclistas. Al inicio del actual gobierno, el galón en Bogotá costaba $ 9.100, hoy supera los $ 16.000. Aunque el alza se justificó como una medida para apalancar el Fondo de Estabilización de Combustibles, la decisión ha sido ampliamente rechazada. El gobierno, por su parte, argumenta que el subsidio al combustible “nunca debió haber existido”, pero el impacto ha sido directo sobre el costo del transporte y, en consecuencia, sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Los peajes fueron otro tema central de campaña. Sin embargo, su manejo ha sido otro fracaso. Las tarifas, lejos de reducirse, han alcanzado niveles exorbitantes: el peaje del Túnel de Occidente (Medellín) que en 2022 costaba $ 18.100, hoy cuesta $ 29.200; el de Pipiral (ingreso a los llanos orientales) que a un vehículo particular le costaba $ 20.100, hoy le vale $ 25.100; y el del Túnel de Oriente (área metropolitana Valle de Aburrá) que costaba $ 19.300, hoy vale $ 23.800. Regular estas tarifas no es sencillo, pues están sujetas a contratos preexistentes. Sin embargo, lo que hizo el presidente, siendo candidato, fue generar falsas expectativas y defraudar a los colombianos.

El panorama con los taxistas no ha sido distinto. Una paradoja que saltó a la vista en 2024, fue como mientras en campaña les prometió hacer controles sobre lo que él denomina transporte ilegal y a los propietarios de vehículos les dijo que los regularía, no les ha cumplido ni a los unos, ni a los otros. ¿Y cómo? No se le puede prender una vela a cada santo. Por eso, el gremio ha bloqueado vías y ha protestado, por esta, una de sus principales demandas.

Recordemos el resto de promesas que les entregó y aún siguen sin ver la luz:

Mientras tanto, el discurso de los “trenes intergalácticos” sin haber culminado proyectos de infraestructura como las vías 4G y 5G priorizan la agenda de este Gobierno. Obras fundamentales como el Metro de Bogotá, el Túnel del Toyo y el Metro Ligero de Medellín, sufrieron fuertes recortes presupuestales iniciando este año. La inversión extranjera, clave para el desarrollo de grandes proyectos, ha caído significativamente. La falta de confianza en el manejo fiscal del país ha llevado a Fitch Ratings a reducir la perspectiva crediticia de Colombia de estable a negativa.

Es evidente que el país necesita infraestructura vial concesionada. No se trata de construir carreteras solo para los ricos, sino de garantizar vías seguras y eficientes para todos los transportadores. Sin inversión en infraestructura, los transportadores seguirán enfrentando problemas como derrumbes y bloqueos que paralizan la movilidad durante horas.

En el 2026 no podemos permitirnos más promesas vacías. Debemos hacer que las cosas pasen. El país necesita obras reales, menos corrupción en la ejecución de proyectos viales y volver a confiar. Los colombianos somos más que esté mal Gobierno.