De El Plateado al Catatumbo: un Estado ausente y una estrategia fallida

La intervención en El Plateado es un fracaso. La Fuerza Pública enfrenta sola una guerra híbrida mientras el Estado sigue ausente. En el Catatumbo, después de más de 45 días del anuncio del estado de conmoción, no hay resultados en una región aún más compleja por la presencia del ELN y el abandono estatal. Todo apunta a una maniobra política de cara a 2026, no a una solución efectiva.

Hace más de cinco meses, se lanzó la operación en el cañón del Micay, con un importante despliegue de la Fuerza Pública y grandes expectativas de que el gobierno del “cambio” diera un giro decisivo en la solución del problema de orden público en esta región estratégica, pero la realidad es diferente. Problemas de esta magnitud requieren soluciones integrales, urgentes y eficaces, pero la falta de articulación del gobierno ha sido evidente. Las excusas, como las del saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien justificó la inacción del Estado alegando falta de coordinación en el Ejecutivo, evidencian solamente la incapacidad del gobierno.

Mientras la Fuerza Pública, con heroísmo y enormes limitaciones, combate una guerra terrorista contra tres estructuras de las disidencias de las Farc, el Estado sigue ausente. Resulta vergonzoso que 29 militares fueron secuestrados y que los tanques desplegados en la zona se retirarán, lo que evidencia no solo deficiencias en la logística de combate, sino también el rechazo de una población instrumentalizada por las disidencias. Hasta ahora, el “gobierno del cambio” solo ha mostrado carpas sin dotación que supuestamente hacen parte de un hospital de segundo nivel, mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, parlante en mano, anuncia que no se erradicarán los cultivos ilícitos. Es claro que detrás de estos hechos están las estructuras criminales, que buscan la salida de la Fuerza Pública para seguir controlando, a su antojo, el multimillonario negocio del narcotráfico en uno de los principales corredores de exportación de cocaína del suroccidente colombiano hacia el mercado internacional por vía marítima. ¿Cómo se pretende desmontar este negocio criminal si no existe una estrategia efectiva?

El Catatumbo es una región aún más compleja que el cañón del Micay debido a la consolidación del ELN, cuya presencia histórica se ha fortalecido con el respaldo del régimen de Nicolás Maduro, permitiéndole delinquir con facilidad a través de la frontera.En el Catatumbo convergen múltiples actores armados, incluyendo disidencias, remanentes del EPL y carteles del narcotráfico, lo que intensifica la disputa territorial.

Su ubicación estratégica en la frontera facilita el tráfico de drogas, armas y contrabando, brindando a estos grupos la posibilidad de refugiarse en Venezuela y complicando cualquier acción efectiva de la Fuerza Pública colombiana. A pesar de este escenario, el presidente Petro está amenazando con la creación de una “Zona Económica Especial binacional” con el régimen de Maduro, una propuesta altamente riesgosa, considerando que el ELN, ahora compuesto en gran parte por venezolanos, actúa como un ejército paraestatal del chavismo. Esta iniciativa no solo es alejada de la realidad, sino que también refleja un desespero por conseguir un resultado no calculado a cualquier precio.

La reciente declaratoria de estado de conmoción interior en la zona, hace más de 45 días, sin avances concretos, evidencia la incapacidad del gobierno para abordar el problema de manera efectiva. Si en el cañón del Micay, con un escenario menos complejo, no han logrado consolidar la presencia del Estado, en el Catatumbo el desafío es aún mayor. Allí, la estructura criminal y el contexto geopolítico hacen que cualquier esfuerzo resulte insuficiente sin una estrategia integral de largo plazo, planificada con el tiempo y los recursos.

El “Plan Catatumbo”, anunciado en el Consejo de Ministros, con un presupuesto estimado de 2.7 billones de pesoscontempla la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos de coca, con pagos de 1.280.000 pesos mensuales a quienes participan en la erradicación voluntaria, además de incentivos por tonelada erradicada. También incluye la titulación de tierras a los erradicadores, con el objetivo de desplazar a los extranjeros presentes en la zona, y la transformación productiva del Catatumbo hacia la industria forestal y agroalimentaria. Para facilitar la comercialización de estos productos, se planea la construcción de dos vías que agilicen su salida al mercado nacional. Finalmente, el plan prevé una ofensiva militar sostenida;

El plan, aunque loable y ambicioso, se enfrenta a una realidad desalentadora. Colombia atraviesa la peor emergencia humanitaria de su historia reciente, con cerca de 55.000 personas desplazadas, numerosas comunidades confinadas y más de 71 asesinatos, entre ellos líderes sociales y firmantes del proceso de paz de 2016. Las masacres contra la población civil son recurrentes, mientras la región sigue atrapada en una guerra entre un ELN fortalecido con apoyo extranjero y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Entretanto, la Fuerza Pública opera con serias limitaciones logísticas, inmersa en una guerra asimétrica donde el Derecho Internacional Humanitario es vulnerado constantemente y donde su prioridad, por ahora, es garantizar el retorno seguro de los desplazados a sus territorios. Los demás objetivos del plan, con toda probabilidad, no serán más que una estrategia política mal estructurada, sin condiciones reales para lograr avances concretos en el poco tiempo que resta de gobierno. Además, los recursos presupuestados corren el riesgo de quedar en manos de las estructuras criminales, que, como se ha señalado, son quienes realmente controlan el territorio.

El gobierno del cambio, al no dimensionar ni comprender adecuadamente el conflicto colombiano, pensó que la sola afinidad ideológica era suficiente para alcanzar la paz total, cediendo el control territorial a los grupos armados organizados. Esa falta de estrategia y gobernanza no solo ha generado un retroceso en los avances en seguridad y estabilidad, sino que además condiciona al próximo gobierno, que se verá obligado a enfrentar un escenario aún más complejo y prácticamente tendrá que empezar de cero para recuperar el control institucional y restablecer el orden.

Es oportuno señalar a los candidatos a la presidencia de 2026 que el país atraviesa una grave crisis institucional y que la historia exige de ellos grandeza y compromiso. La seguridad nacional es el pilar fundamental de la democracia, y es momento de dejar de lado los egos personales para construir una propuesta unificada que permita recuperar el país. Esto implica reestructurar la Defensa y Seguridad Nacional en un contexto de guerra, con una estrategia sólida para la lucha antinarcóticos, que contempla la fumigación aérea y la sustitución de cultivos como clave para desmantelar el sistema financiero de los grupos armados organizados. Se requiere, por tanto, liderazgo, compromiso y experiencia para diseñar una estrategia eficaz que garantice el éxito.