Opinión
Destruir la competitividad
Petro no es el primer gobernante o líder nacional que ha recurrido al populismo laboral para obtener réditos electorales en el corto plazo, a costa del futuro económico del país y el bienestar verdadero de la sociedad,
Al término de la semana pasada, el país político y la prensa se centraron en las implicaciones electorales de la consulta popular propuesta por el Gobierno como respuesta a la moción de archivo de la reforma laboral por una mayoría de los miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República.
Se presupone que la consulta manipulará a la opinión pública en una nueva expresión del trajinado populismo laboral que, durante más de siete décadas explica, en parte significativa, la condición de subdesarrollo que prevalece en el país.
Petro no es el primer gobernante o líder nacional que ha recurrido al populismo laboral para obtener réditos electorales en el corto plazo a costa del futuro económico del país y el bienestar verdadero de la sociedad. Recientemente, por vía de ejemplo, la Ley 1846 del 2017 anticipó el recargo nocturno de las 10 p. m. a las 9 p. m. La Ley 1857 de 2017 aumentó el descanso remunerado en dos días al año. La Ley 2101 de 2021, impuso la reducción progresiva, año a año, de la jornada laboral de 48 a 42 horas entre 2022 y 2026.
La sola reducción de la jornada laboral (Ley 2101), teniendo en cuenta un salario mínimo de referencia de un millón de pesos, implica un aumento directo del costo laboral del 14,29 % entre 2022 y 2026 (Valdivieso, La República, 24/1/2025). Esto sin tener en cuenta, que —con una productividad laboral decreciente— en muchos casos el empleador requerirá de todas formas la labor 48 horas semanales, con lo cual se suman seis horas extras al costo laboral por semana. Para 2026, estas horas suplementarias representarán 25,98 horas adicionales para mantener la productividad del trabajador. Un incremento adicional del costo laboral para el empleador del 15,46 % para 2026 (ibidem), sin contar el factor prestacional ampliado.
Lo más leído
Y así como la estrategia Petro, la Ley 2101 —aprobada en 2021— se promulgó antes de elecciones, pero con efectos a futuro. Un caso clásico de oportunismo político, girando cheques que otros deben pagar. ¿Pero adivinen qué? El partido que entonces propuso este desastroso aumento en los Costos Laborales Unitarios (CLU), que al igual que la reforma laboral de Petro agravó el problema de la informalidad laboral y el desempleo, le siguió restando competitividad a la economía colombiana y está detrás de la caída continua y continuada del crecimiento industrial (salvo el espurio y atípico aumento del rebote de 2022 y que no se volvió a ver), pues ese partido perdió curules en ambas cámaras del Congreso y —además— ni siquiera pudo postular candidato en las elecciones presidenciales de 2022.
Así que el nivel de certeza de los beneficios electorales de la consulta popular es, cuando menos, dudoso, se convierta o no en vinculante, dependiendo de que logre el umbral y el voto favorable, y que después el Congreso desarrolle el mandato popular mediante ley antes de las elecciones de 2026.
Claro, los vates y orates del apocalipsis anticipan que la iniciativa de Petro será una carta ganadora y que es imposible su derrota. Muchos de estos profetas del desastre, sin embargo, apoyaron —con entusiasmo— normas igualmente nocivas para la competitividad nacional, como la mentada Ley 2101, pero hoy se rasgan las vestiduras como supuestos defensores del empresariado.
Como resultado de los populismos laborales de gobiernos anteriores, la competitividad del país ha caído del puesto 52 en 2019 al 58 en 2023, según el Anuario de Competitividad Mundial, y cae igualmente en otras mediciones de este factor.
Los mayores costos laborales relativos no son los únicos factores que destruyen la competitividad nacional y que han causado la caída, año por año durante más de veinte años, de nuestra oferta exportable de valor agregado, convirtiéndonos en un país altamente dependiente de las materias primas y “extractivista”, como dicen nuestros neomarxistas liderados por el presidente. Oro, petróleo, carbón, ferroníquel y café pasaron en los últimos veinte años de representar el 50 % de nuestra oferta exportable al 70 %.
Son muchos los análisis de los factores que destruyen nuestra competitividad. Petro los ha deteriorado todos, pero la realidad es que los anteriores gobiernos habían logrado poco en mejorarlos. El Consejo Privado de Competitividad de Colombia, con su delicadeza y adulación habitual para el gobierno de turno, ha resaltado muchos que son evidentes, pero que siempre se benefician de un abordaje técnico.
Mejor infraestructura a través de la solución de pasos y accesos a nuestras grandes ciudades, mayor seguridad, justicia oportuna y transparente, energía muy barata y confiable, mayor productividad agrícola e industrial, mejora en la capacitación de la mano de obra, reducción de costos laborales relativos y flexibilización laboral, reducción de barreras no arancelarias o la consolidación y multiplicación de grandes clústeres productivos son algunas de las condiciones esenciales para mejorar nuestra oferta exportable de valor agregado.
Este gobierno ha atentado contra todos estos factores, agravando la destrucción de la competitividad y reforzando el escenario macroeconómico que tanto detesta de un país ultradependiente de la explotación de las materias primas.
Pero la contradicción no es solo del Gobierno Petro. Es propia de gran parte del liderazgo político del país que, o bien sacrifica en la coyuntura política factores esenciales como el laboral, o posa a la moda en ambientalismo radical, o permite la perpetuación de costosas rentas atadas o situaciones monopolísticas a los grupos económicos, o le da la espalda consistentemente a la aburridora y sacrificada labor de controlar el orden público y requerir oportuna justicia al indiferente e impenitente sistema judicial.
