Opinión
El Gobierno y las altas cortes
Las cortes no son enemigas del Gobierno, son garantes de la Constitución y de las leyes.
En el marco del Estado de derecho, la relación entre el Gobierno y las altas cortes en el esquema de separación de poderes y colaboración armónica es fundamental para garantizar la democracia, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, esta relación ha estado marcada por tensiones y desafíos ante decisiones adversas al gobierno que las presentan como obstáculos para la administración nacional.
Sistema judicial autónomo y función del Gobierno
Las altas cortes tienen la responsabilidad de salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad, así como de interpretar las leyes en el contexto de los principios democráticos. Estos órganos son fundamentales para asegurar que las políticas del Gobierno se realicen dentro de los cauces legales y no infrinjan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo— en ocasiones— intenta imponer sus políticas desestimando límites normativos y nombrando funcionarios sin el cumplimiento de requisitos.
Es el caso de aspectos de la reforma tributaria y la paz total, así como de 21 nombramientos en el servicio diplomático y otros tantos en distintos sectores, como comisionados de la Creg o los desacatos gubernamentales a las órdenes de tutela.
Tensiones históricas y el juego político
Las tensiones entre el Gobierno y las cortes no son un fenómeno nuevo. Históricamente, ha habido episodios en los que decisiones presidenciales han sido anuladas. La retórica política inconvenientemente suele enrarecer el ambiente, generando desconfianza hacia la administración de justicia y, en algunos casos, cuestionamientos sobre la imparcialidad de los jueces. Específicamente, los avances en temas sensibles como derechos fundamentales, justicia transicional y reformas sociales (laboral, salud y pensiones) han sido escenario de disputas que, aunque pueden ser inevitables en una democracia dinámica, también pueden desgastar la confianza pública en las instituciones. La polarización política amplifica estas tensiones, convirtiendo a las cortes en objetivos de críticas que, más allá del debate académico, se asemejan a ataques directos.
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Las cortes no son enemigas del Gobierno, son garantes del cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
La opinión pública y la sociedad Civil
La ciudadanía juega un papel crucial en este entramado. La percepción pública sobre el funcionamiento de la justicia y la actuación del Gobierno puede influir en la autonomía de las cortes. Un aumento en la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil se convierten en herramientas para ejercer presión sobre ambos actores. Exigir transparencia, rendición de cuentas y el respeto a las decisiones judiciales son aspectos que deben ser parte del discurso ciudadano.
Los gobiernos rinden cuentas y acatan las decisiones judiciales.
Construyendo confianza
Es fundamental que el Gobierno y las altas cortes entiendan la separación de poderes, la colaboración armónica y el sistema de pesos y contrapesos. Al final, las decisiones del gobierno están sometidas al control judicial. La confianza se debe construir cotidianamente, impulsando una cultura de respeto a la independencia judicial y fomentando el reconocimiento de que, a pesar de los desacuerdos, los objetivos comunes debe ser el bienestar del país, el Estado de derecho y la protección de los derechos de todos los colombianos.
En buen momento, el presidente de la Corte Constitucional se abstuvo de reunirse con el Gobierno para garantizar la independencia e imparcialidad de la corporación en asuntos transcendentales para este, como la conmoción interior y la reforma pensional.
Conclusión
Las relaciones entre el Gobierno y las altas cortes tienen una dinámica delicada. Aunque las tensiones son inevitables en una democracia activa, La independencia judicial y la gobernanza efectiva son pilares que deben coexistir, garantizando que cada rama del poder se respete y colabore por el bien del país.
La politización de la justicia es muy inconveniente. Muy por el contrario, se debe aceptar el control judicial de las leyes y de los actos del Gobierno.
Cita de la semana: “Dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de Constitución tienes.”, la Constitución como norma, Eduardo García de Enterría (1981).
