El que la hace la paga

La recurrente expresión ‘el que la hace la paga’ describe el escenario de aquel quien, por descuido, torpeza o incluso conocimiento y voluntad, comete un delito o actúa al margen de la ley y se somete a las consecuencias legales, a una penalización, indemnización o cualquier otra forma de resarcimiento por su mal obrar. La frase, a su vez, se constituye también en la antítesis de la impunidad, donde la consecuencia y el castigo se erigen como fórmulas admisibles de justicia, resguardando, claro está, la proporcionalidad en cuanto a la magnitud y el impacto de la infracción cometida.

Carlos Lehder, exnarcotraficante colombiano y uno de los fundadores del Cartel de Medellín, fue una de las figuras más influyentes del crimen organizado en los años ochenta. Su papel fue determinante en la expansión del narcotráfico hacia Estados Unidos, utilizando islas en el Caribe como bases de operación y aliándose con tenebrosos personajes, como Pablo Escobar.

Lehder fue responsable de consolidar una estructura criminal que no solo financió el narcotráfico a gran escala, sino que también contribuyó a la escalada de violencia en Colombia. Tras su extradición a Estados Unidos en 1987, cumplió más de 30 años de prisión. En 2020 fue liberado y trasladado a Alemania, lo que generó un fuerte debate sobre la impunidad y la necesidad de garantizar que los grandes capos del narcotráfico cumplan íntegramente sus condenas.

Lehder cumplió 33 años de condena en Estados Unidos, regresó a Colombia y luego de la definición de un asunto pendiente con la justicia colombiana, está libre. No tiene procesos vigentes en su país, y por más aterradora y desgarradora que sea la historia de la cual fue protagonista, la hizo, fue capturado, extraditado, la pagó y ahora disfruta —luego de saldar su deuda con la justicia— de su anhelada libertad. Se reitera, cumplió la pena impuesta en territorio extranjero por sus delitos, gracias a la contundente medida de la extradición.

Difiere de este escenario el contexto que les fue creado desde el gobierno Santos a los criminales de las Farc —hoy Comunes—, quienes, a través de la estructuración de un ilegítimo proceso de paz, fueron beneficiarios con prebendas y privilegios estatales que se traducen en una revictimizante impunidad. A los exguerrilleros se les ve pavoneándose por los pasillos del Congreso en condiciones de honorables parlamentarios, luego de que se les concedieran curules a dedo, violando todo principio democrático y desdibujando el sistema de frenos y contrapesos en el Congreso de la República.

Si lo anterior no fuera suficientemente impune, ha de recordarse que las Farc son autores de toda clase de delitos y violaciones a los derechos humanos. La impunidad de estos delitos es, en sí, un delito atroz, un delito que encarnó el gobierno de Santos, quien, a cambio de un Nobel, renunció a la posibilidad de hacer justicia frente a estos grandes violadores de derechos humanos. Pero si esto no fuera, de por sí, aterrador, a las Farc se les concedió tener su propio juez que, a la fecha, “ha cumplido su tarea”; esto es, condenar a los agentes estatales y no “tocar” a los hoy Comunes.

La paz en Colombia no se construye con concesiones a quienes han sembrado violencia y terror. Habrá que esperar que este gobierno no vuelva a caer en la tentación de convertir a narcotraficantes en gestores de paz, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. La anterior es una estrategia reprochable desde todo punto de vista y ampliamente criticada por expertos en seguridad y justicia.

El caso Lehder es una oportunidad para reafirmar el compromiso del Estado con la justicia y evitar que casos de narcotraficantes sienten precedentes de impunidad. La historia reciente ha demostrado que dar concesiones y tratamientos de gestores de paz a grandes delincuentes es ineficaz y socava la confianza en la justicia. Algunos gobiernos han intentado utilizar a exnarcotraficantes en negociaciones de paz, lo que ha sido ampliamente criticado y rechazado. BBC Mundo advierte que conceder beneficios a criminales de alto perfil sólo envía un mensaje equivocado y debilita el Estado de derecho.

La justicia es un estandarte de los esquemas democráticos, y su némesis es la impunidad. No permitamos que la impunidad se imponga y escale a la desarticulación de la justicia, y propicie el desconocimiento y la desatención de las consecuencias que prevé la ley frente a los comportamientos delictivos. Es buen momento para utilizar, retórica y pragmáticamente, la siempre confiable frase: ‘El que la hace la paga’.