El turno es para la plenaria del Senado

No todo lo que ocurre en Colombia durante este cuatrienio es negativo. De hecho, un aspecto que se ha fortalecido es la separación de poderes, impulsada en parte por las propias acciones del Gobierno en contra de la democracia. A pesar de los intentos del presidente Petro y sus aliados por debilitar otros órganos del poder, tanto el poder Legislativo como el Judicial han respondido con firmeza, consolidando su autonomía y ganando el respaldo ciudadano.

La separación de poderes es un principio fundamental de la teoría política y el derecho constitucional, desarrollado por pensadores como Montesquieu en El espíritu de las leyes. Su objetivo es evitar la tiranía dividiendo el poder del Estado en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial, garantizando así un sistema de control y equilibrio para prevenir abusos de poder.

La importancia de esta división radica en su capacidad para crear un sistema de contrapesos, promoviendo un gobierno más justo y representativo. Esto quedó demostrado recientemente en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho senadores archivaron la reforma laboral, una legislación que priorizaba acuerdos políticos entre el gobierno y los sindicatos que lo respaldaron en campaña, en lugar de generar empleo y fomentar la formalización laboral.

Cabe recordar que esta misma Comisión, en un acto de responsabilidad patriótica, había rechazado el año anterior la reforma a la salud por razones similares.

En mi columna anterior mencioné que los colombianos no podemos ser “tontos útiles” del Gobierno y, hoy, reitero la importancia de que la plenaria del Senado analice con rigor la consulta popular que pretende impulsar el Ejecutivo. Es previsible que el gobierno formule preguntas con un enfoque populista, cuyo verdadero propósito no es resolver problemas estructurales, sino fortalecer políticamente al presidente y su movimiento, que ha experimentado una notable pérdida de apoyo ciudadano. Esta realidad quedó en evidencia con el fracaso del llamado “día cívico” de la semana pasada, un intento de movilización que no obtuvo la respuesta esperada.

Además, no podemos ignorar que esta consulta parece ser una nueva cortina de humo, una estrategia recurrente del gobierno para desviar la atención de los escándalos de corrupción que han salpicado tanto a la administración nacional como a sus aliados políticos en las últimas semanas.

Por ello, es fundamental que los colombianos comprendamos la relevancia de esta consulta en materia laboral y su verdadero impacto. Aunque en última instancia sería la ciudadanía quien vote, en este momento la decisión está en manos del Senado, que debe determinar si permite o no su realización. En caso de ser aprobada por mayoría, y si el resultado favorece la propuesta del gobierno, la consulta no tendría efecto inmediato, sino que retornaría al Congreso como base para una reforma laboral.

Dicho esto, es crucial que la plenaria del Senado asuma su responsabilidad con la misma firmeza que lo hizo la Comisión Séptima al archivar la reforma laboral. Como ciudadanos, deberíamos exigir a los senadores que rechacen esta consulta, cuyo costo superaría los 600.000 millones de pesos, un gasto desproporcionado para un mecanismo que, en el fondo, solo beneficiaría al gobierno. No solo se trata de preguntas capciosas diseñadas para obtener respuestas favorables, sino de la evidente intención de posicionar políticamente al oficialismo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año.

La semana pasada, el partido Cambio Radical, de manera sensata, instruyó a sus senadores para que votaran en contra de la inoportuna consulta propuesta por el Gobierno. Es importante resaltar esta decisión y ojalá otras organizaciones políticas sigan su ejemplo.

Asimismo, deberían manifestar públicamente ante los colombianos quiénes están a favor y quiénes en contra de esta consulta, la cual busca trasladar al ciudadano una responsabilidad que, por mandato constitucional, corresponde al Congreso de la República.

Más que insistir en una consulta que genera divisiones y costos innecesarios, el Gobierno debería replantear su enfoque y, en el marco de su fallido “acuerdo nacional”, convocar un verdadero pacto por el trabajo en Colombia. Esta iniciativa no solo debería involucrar a los partidos políticos, sino también a empresarios, trabajadores y ciudadanos en general, con el objetivo de construir una reforma laboral integral a través del Congreso.

Una reforma de este tipo debe priorizar el bienestar de la clase trabajadora, pero sin descuidar a quienes generan empleo. Es fundamental que tanto grandes, medianos como pequeños empresarios cuenten con un marco normativo que les permita crecer económicamente y, a su vez, ofrecer empleo estable y de calidad a los colombianos.

La Constitución establece que la prioridad de un presidente debe ser la unión del país, y este propósito no se logrará a través de una consulta popular polarizante. En cambio, un gran acuerdo por el trabajo, construido de manera incluyente y con beneficios para la mayoría de empresarios y trabajadores, tendría un respaldo masivo de la ciudadanía.

Si la plenaria del Senado, con una amplia mayoría, rechaza la convocatoria a la consulta popular, enviará un mensaje contundente al presidente de la República: los representantes del pueblo colombiano no respaldan una consulta impulsada por el Gobierno y sus aliados, que excluye a la mayoría de los ciudadanos y promueve una reforma laboral que, en gran parte de su articulado, no los beneficia.

Evitar que esta consulta avance significa negarle oxígeno a un gobierno que hoy enfrenta un alto nivel de desprestigio. El mensaje debe ser claro y unificado: los colombianos deben respaldar a sus senadores en esta decisión. No a la consulta, sí a un acuerdo nacional por el empleo y el fortalecimiento del empresariado.