Los guardianes de la impunidad: corrupción, inteligencia fallida y la complicidad policial en Bogotá

Bogotá es la ciudad donde la seguridad se combate con discursos, los delincuentes cuentan con escoltas oficiales y la inteligencia policial parece trabajar para el crimen organizado. Entre fleteos coreografiados con precisión suiza, retenes diseñados para recaudar “multas espontáneas” y estrategias mediáticas con más humo que soluciones, la capital se ha convertido en un laboratorio de impunidad. Mientras tanto, los Guardianes del Orden de la administración Galán parece ser una solución con más intenciones publicitarias que herramientas reales para enfrentar el problema de fondo.

La inteligencia policial: la mejor aliada del crimen

Los criminales en Bogotá no operan con suerte, sino con información. Y no cualquiera, sino aquella que parece filtrada desde los mismos organismos de seguridad. ¿Cómo es posible que las bandas de fleteo sepan exactamente cuándo y dónde interceptar a sus víctimas? ¿Cómo logran evadir los operativos con la puntualidad de un reloj suizo? La respuesta es evidente: la inteligencia policial está infiltrada o, en el mejor de los casos, es un chiste mal contado.

Ejemplo claro de esta filtración es el caso de los más de 12 policías capturados en Bogotá en 2024, incluidos un coronel y otros oficiales de alto rango, acusados de sobornos, complicidad con bandas criminales y filtración de información a delincuentes. No se trata de casos aislados, sino de una estructura en la que la corrupción es parte del sistema operativo.

Bogotá no carece de recursos. Hay tecnología, vigilancia y presupuesto. Lo que no hay es una Fuerza Pública libre de corrupción. Los mismos uniformados que deberían proteger a la ciudadanía son, muchas veces, los que venden información, coordinan tiempos y garantizan que los delincuentes operen con total impunidad. ¿El resultado? El ciudadano común debe enfrentar una triple amenaza: el crimen, la Policía y el Estado, que observa desde la comodidad de su incompetencia.

Multas de tránsito: la extorsión legalizada

La movilidad en Bogotá es una tortura, pero no solo por los trancones o el mal estado de las vías. El verdadero problema radica en la industria paralela de las multas de tránsito, una maquinaria bien aceitada en que la legalidad y la corrupción coexisten en una danza siniestra. Los retenes no parecen estar ahí para mejorar la movilidad, sino para mejorar el bolsillo de algunos oficiales.

En 2024, un escándalo sacudió la capital cuando se reveló que policías de Tránsito en Bogotá fueron sorprendidos exigiendo sobornos a conductores para evitar comparendos, con montos que variaban entre 100.000 y 500.000 pesos dependiendo de la “falta” cometida. Este modus operandi no es aislado; decenas de ciudadanos han denunciado a través de redes sociales cómo ciertos agentes utilizan su autoridad como herramienta de chantaje. Si usted es un ciudadano de a pie, prepárese para ser sancionado con rigurosidad matemática. Si, en cambio, cuenta con los contactos adecuados o con la cantidad correcta de efectivo en el bolsillo, su falta quedará en el olvido en cuestión de segundos. El mensaje es claro: la ley es negociable y la autoridad tiene tarifa.

Fleteo y robo: la complicidad que nadie quiere ver

En Bogotá, el fleteo es casi un deporte extremo. ¿La modalidad? Un atraco sincronizado a la perfección, en el que la policía brilla por su ausencia o, peor aún, por su conveniente tardanza. Que un ciudadano sea asaltado minutos después de retirar dinero del banco ya no es una casualidad, es una rutina. Que los asaltantes huyan con absoluta tranquilidad mientras las patrullas “se desvían” es un espectáculo tan frecuente que ya nadie se sorprende.

El caso más indignante ocurrió en 2024 cuando, gracias a un esquema de seguridad de la UNP, se logró capturar a un delincuente en pleno intento de fleteo en Bogotá. La forma en que operaban los criminales, con información privilegiada sobre las víctimas y los tiempos de reacción policial, dejó en evidencia la posible complicidad de uniformados. Aún más alarmante: en mayo de ese mismo año, un agente de la Policía Metropolitana fue detenido tras comprobarse que colaboraba con una banda de fleteros, proporcionando datos sobre operativos y zonas libres de patrullaje.

Yo mismo fui víctima de un robo. Iba en mi auto cuando, aparentemente, una motocicleta me chocó. Bajé a revisar el accidente y ver si el conductor estaba herido. En ese momento, aparecieron dos sujetos más, con acento venezolano, y me despojaron de todo. Apenas pasaron dos minutos cuando llegó una patrulla policial. Salieron en búsqueda de los ladrones, pero regresaron en pocos minutos. “¿Qué le robaron?”, me preguntó el agente. “¿Cuánto valía?”. No me preguntó mi nombre ni me ofreció siquiera poner una denuncia. Solo dijo que tenía que acompañarme toda la tarde, a donde fuera. Aún sudo frío al recordarlo.

Los casos más escandalosos han revelado un patrón inquietante: en muchas ocasiones, los criminales no actúan solos. Se han documentado uniformados que filtran información, patrullas que “escoltan” a los delincuentes y operativos que nunca llegan. No se necesita ser un genio para ver lo que está pasando: el crimen en Bogotá tiene una parte del uniforme puesta.

Los Guardianes del Orden: ¿guardias o actores de campaña?

Frente a este panorama, la administración de Carlos Fernando Galán presenta a los Guardianes del Orden, quienes —en integración con los 1.986 frentes de seguridad— se encargarían de mediar en conflictos de menor envergadura, como disputas entre vecinos por ruido o inconvenientes con mascotas. Personas que tienen prelación al llamar al 123 de Bogotá. Más burocracia y ninguna solución real.

Lo que más me llama la atención es que los “expertos” salen a decir que la solución debería ser ¿más policías en las calles? La ONU recomienda tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. No obstante, este año, Bogotá tiene apenas 197, lo que significa un déficit de más de 8.200 uniformados en la ciudad. Perfecto, si no fuera porque nadie nos ha explicado qué cambiará exactamente. Porque poner más uniformados en una estructura podrida es como intentar apagar un incendio con gasolina.

Si no se ataca la corrupción interna, si no se limpia la institución, si no se establece una verdadera estrategia de inteligencia contra el crimen organizado, la medida será otra postal de campaña, otro titular para la prensa, otra excusa para aparentar control sin ejercerlo.

Soluciones reales para una ciudad secuestrada

• Contrainteligencia real: la Policía necesita ser vigilada por un ente externo, con capacidad real de investigar y depurar a los corruptos. Si los criminales tienen acceso a información policial, el problema no es el crimen, es la policía.
• Recompensas ciudadanas: si la inteligencia oficial está fallando (o vendiéndose al mejor postor), la ciudadanía debe ser parte de la solución. Se necesitan incentivos claros para denunciar a los cómplices del crimen dentro de las instituciones.
• Zonas seguras de verdad: implementar puntos de seguridad reales en las zonas de alto riesgo es una necesidad inmediata.
• Revisión total de los procesos de multas: basta de retenes con fines recaudatorios. Multas bajas, condonación total de comparendos a quienes denuncien con pruebas a agentes corruptos, equipos de caza, policías corruptos, son solo ideas, que no cuestan tanto y darían por lo menos una percepción real la intención de la administración de lograr seguridad.
• Depuración total de la Fuerza Pública: sin una reestructuración seria de la Policía, cualquier estrategia de seguridad es una broma de mal gusto.

Bogotá no necesita más guardianes de la impunidad. Necesita un gobierno que entienda que la seguridad no se logra con marketing, sino con una lucha frontal contra la corrupción policial.

*Este es un artículo con un planteamiento editorial personal, que en nada compromete al Gobierno de El Salvador.