Opinión
Muerte a la tecnocracia
Esta es una jugada macabra que vamos a tener que pagar todos los colombianos en nuestra salud.
Esta semana se hizo público el último capítulo de la destrucción del capital técnico del Ministerio de Salud, con la decisión de la entidad de no renovar los contratos o trasladar a los especialistas que se encargaron, por muchos años, de realizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La incomodidad con su presencia debería ser total porque habían recomendado -con base en sus cálculos- un aumento de 10 a 14 % en la UPC para 2025, incremento que el Gobierno arbitrariamente terminó fijando en 5,4 %.
Es evidente que el Ministerio dejó completamente a un lado las estimaciones para montar una narrativa de que los datos entregados por las EPS tenían inconsistencias e información de baja calidad, datos que en su mayoría provenían de EPS intervenidas por el propio Gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Para rematar, el propio presidente justificó el despido acusándolos por haber “dejado que por más de 10 años se robaran la UPC sobredimensionándola” para beneficio de las EPS.
Semejante acusación involucró hechos supremamente graves que se deberían probar antes de lanzar en público -mucho más desde la dignidad presidencial- frente a inermes ciudadanos cuyo único pecado ha sido trabajar, por más de una década, tratando de mejorar los procesos de estimación de una de las informaciones necesarias para proveer medidas importantes para la salud, el bienestar de los colombianos y que define las finanzas del sistema, además del acceso a la salud.
En momentos en que, por orden de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud ha sido obligado a montar mesas de trabajo para revisar el aumento de la UPC promulgada para 2025, la presencia de dichos técnicos al interior del Ministerio parecía intolerable porque contradecía la narrativa oficial de imposibilidad de hacer las estimaciones. Seguramente, será el principal argumento del Ministerio y conducirá a un ajuste “negociado” de la UPC, acuerdo bastante desequilibrado frente a unas EPS e IPS famélicas de recursos, como consecuencia de la crisis inducida por el Gobierno a través de los ajustes insuficientes de la UPC y los retrasos en los pagos de los presupuestos máximos.
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En medio de este desbarajuste, la decisión del presidente de convocar a una consulta popular para empujar la reforma a la salud confirma, una vez más, que la política de salud dejó de ser un tema netamente técnico y se transformó en uno político, más importante para ambientar el mantenimiento del poder. Es una apuesta delicada en la que se pondrá como precio la salud de los colombianos. Sin embargo, parece que eso a nadie le importa en el Gobierno nacional.
¿Cómo, a través de un cuestionario de muy pocas preguntas, se llegará a la decisión del sistema de salud que quieren los colombianos? Eso nadie lo dice. Lo que están buscando no es una respuesta de fondo -para solucionar el asunto-, sino generar un momento político que les sirva de tribuna a los aspirantes del Pacto Histórico -y sus partidos afines- para las elecciones al Congreso en 2026.
Esta es una jugada macabra que vamos a tener que pagar todos los colombianos en nuestra salud. Y ya lo estamos viviendo en los hospitales públicos y privados con el desfinanciamiento. Las informaciones provenientes de estos hospitales revelan una crisis de salud pública que se está incubando a velocidades aceleradas: pacientes que llegan a urgencias, en estado lamentable, por falta de acceso oportuno a sus tratamientos y la no entrega de sus respectivos medicamentos. El número de hospitalizaciones y cirugías se disparó por falta de acceso a los servicios preventivos y de diagnóstico temprano de casos de hipertensión, diabetes, cáncer, entro otras enfermedades. Los pacientes diabéticos salen de EPS intervenidas -como la Nueva EPS- sin recibir más de la mitad de las fórmulas médicas recetadas. Pero nadie responde.
Y esto es solo el principio. ¿A dónde iremos a llegar en los meses que vienen mientras estemos enredados en un debate fútil sobre una consulta que no aportará ninguna solución? ¿Cuántos millones de colombianos deberán fallecer para asegurar alguna continuidad de un gobierno que ha destruido el mayor logro de la política social en nuestra historia?
