¿Y los responsables en La Guajira?

Esta semana se conoció que Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para saldar la deuda con la Justicia por su participación en el multimillonario desfalco de corrupción en esta unidad. Pinilla reconoció que participó junto con su jefe Olmedo López en la manipulación del tristemente célebre contrato de compraventa de carrotanques en La Guajira por 46.000 millones de pesos, y que de este contrato se quedó con 618 millones de pesos, cifra que ahora deberá devolver.

Gracias a la información que ha dado Sneyder y su jefe Olmedo, no solo sobre este, sino sobre decenas de contratos en la UNGRD, este escándalo ya vincula a cerca de 20 congresistas, a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al exdirector del Dapre Carlos Ramón González y a decenas de asesores y contratistas, que se aliaron para formar una red de corrupción de la que el país no alcanza a dimensionar su alcance.

Contarle a la Justicia quiénes estarían tras la inmensa maraña de corrupción le valió a Pinilla que redujeran su condena a solo cuatro años, ocho meses y un día de prisión.

Pero de forma sorprendente, a pesar de que ha quedado más que claro que la emergencia de La Guajira sirvió de parapeto para que pudieran desviarse miles de millones de la UNGRD, sus protagonistas en ese departamento aún no son tocados por la Justicia.

Solo esta semana, en audiencia contra Pinilla, la fiscal Andrea Muñoz afirmó que, en septiembre de 2023, la senadora de La Guajira Marta Peralta visitó el despacho de Olmedo López, en compañía de los contratistas Isaac Francisco Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Mudvi. De acuerdo con la Fiscalía, en esta reunión se habría concretado el direccionamiento a favor de estos contratistas de un contrato para el mantenimiento de jagüeyes, a través de horas de trabajo de maquinaria amarilla. En efecto, en octubre de 2023, días después de este encuentro, se firmó entre la UNGRD e Inversiones IRL SAS un contrato por 2.170 millones de pesos, correspondiente a 7.500 horas de maquinaria amarilla. Los representantes legales de IRL SAS son precisamente Isaac Francisco Rizcala Lozano y Jorge Rizcala.

Pero no fue este el único contrato. En total, la corrupta administración de Olmedo y Sneyder destinó 75.000 millones de pesos para construir 1.626 jagüeyes, a través de 16 órdenes de proveeduría en La Guajira. De estos, 1.376 debían hacerse en Uribia, lugar al que debían enviarse también los 40 carrotanques del desfalco. Según una fuente que pide reserva, para ejecutar estos contratos buscaron personas cercanas que tuvieran maquinaria, hacían el mantenimiento a un jagüey, le tomaban fotos, y luego traían otra máquina, tomaban imágenes desde otro ángulo y lo presentaban como si se tratara del mantenimiento de otro jagüey, cuando se trataba del mismo. En la actualidad, solo hay constancia del mantenimiento a 209 jagüeyes que ya existían.

Dos fuentes de La Guajira afirman que quien seleccionaba a estos contratistas era Germán Mejía Sierra, el Manchi Mejía, papá de María Alejandra Mejía, directora de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Uribia, que, recordemos, tenía una relación muy cercana con Olmedo López. ¿Cómo es posible que no se haya iniciado indagación sobre el papel que tuvo la directora de Gestión del Riesgo de Uribia y su padre en todo este entramado de corrupción?

¿Acaso es posible que todo esto ocurriera en La Guajira sin que nadie de este departamento fuera parte? ¿Cómo justificar que ni siquiera se haya abierto indagación contra el exalcalde de Uribia Bonifacio Henríquez, quien posaba muy feliz en todas las fotos con Olmedo López? ¿O que no se hayan pedido explicaciones al actual alcalde, Jaime Luis Buitrago, el mismo que se negó a devolver 230.000 millones desembolsados de forma irregular por la UNGRD, cuando en la región se afirma que parte de los dineros de Gestión del Riesgo fueron precisamente en su campaña política?

Pero allí no para esta corrupción. La interventoría de este contrato de jagüeyes inexistentes fue entregada a Intraffic SAS. La gerente de Intraffic era Camila Andrea Sánchez Martínez y la subgerente, su hermana, María Alejandra Sánchez Martínez. Estas dos mujeres fueron contratistas del Hospital del Magdalena Medio y su supervisora, Ana María Martínez Galvis, en ese entonces subgerente del hospital y compañera sentimental de Sneyder Pinilla.

¿Ya se indagó sobre la participación de la esposa de Pinilla? ¿Cómo terminan funcionarios de Santander metidos en todo esto? ¿Qué relación hay entre los contratos de emergencia que se desembolsaron en Sabana de Torres, Santander, y los contratistas de la obra de Caregato, que también son santandereanos?

Todos estos contratos fraudulentos de la UNGRD tuvieron ejecución en distintas regiones del país. En todos ellos fue necesaria la participación de un enlace en los municipios a donde se destinaron los recursos. ¿Por qué no avanzan las indagaciones en las regiones?

Al momento de escribir estas líneas, la Fiscalía compulsaba copias a la Corte Suprema para que investigue a la senadora Martha Peralta. Ella niega cualquier vínculo con los contratistas implicados en el escándalo y afirma que todo se trata de una persecución política.

La Guajira ha sido por años el escenario de los más descarados actos de corrupción: regalías de Ocad Paz, acueductos que jamás se terminaron, plantas desalinizadoras que no sirven, tanques de agua que no sirven. Y sus protagonistas se repiten sin que la Justicia los toque. Si se llega a estos protagonistas locales, se podrá determinar quiénes son esos grandes barones electorales, que los tienen allí para poner alcaldes y financiar sus campañas políticas.

En este gran escándalo de la corrupción de la UNGRD se están dejando por fuera a estas piezas clave que están en las regiones.