Gobierno Petro no sabe de cuánto será el impacto fiscal de su polémica reforma laboral. Este es el documento

El Ministerio de Hacienda remitió a la Comisión Séptima del Senado el estudio de impacto fiscal de la reforma laboral, documento que los congresistas habían reclamado durante meses para conocer las implicaciones económicas de ese proyecto de ley.

Se trata de un informe de siete páginas en el que el Gobierno nacional no entrega cifras sobre cuánto costaría la implementación de ese articulado y solo enfatiza que 19 de sus artículos tendrían un impacto fiscal alto.

El argumento del Ejecutivo es que ese valor dependería de la reglamentación que se haga del proyecto de ley, un paso que se surtiría una vez se apruebe la reforma laboral y esta sea promulgada por el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, ya la Comisión Séptima tiene sobre la mesa una ponencia de archivo a la reforma laboral que tiene el respaldo de ocho de los 14 congresistas que integran ese recinto, por lo que es probable que el texto se hunda la próxima semana sin que se conozca el dato cuantificado de cuánto costaría.

La senadora Norma Hurtado confirmó en entrevista con SEMANA que los congresistas de la Comisión Séptima fueron notificados sobre la radicación de ese concepto fiscal en la mañana de este miércoles, un documento que será analizado por los legisladores.

“Este concepto nos dice que sí hay un impacto fiscal que está condicionado a una reglamentación que se haga adelante. Nos están diciendo que la reforma laboral tiene un impacto fiscal del que no pueden decir cuánto vale”, afirmó Hurtado.

El análisis macroeconómico y de impacto fiscal de la reforma laboral presentado por el Ministerio de Hacienda tiene la firma de la viceministra técnica, Marta Juanita Villaveces, y en este se detalla un bloque de artículos que tendría impactos para las finanzas de la nación.

“El proyecto plantea algunas medidas puntuales que merecen ser analizadas desde el punto de vista fiscal. En consecuencia, se revisó y analizó el proyecto, permitiendo clasificar algunos artículos según el efecto potencial que podrían representar para las finanzas de la Nación. En particular, los artículos 20, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 45, 46, 55, 57, 58, 60, 65, 76, 80 y 81 podrían tener un impacto fiscal potencial”, se lee en el documento.

Ese escrito detalla que la implementación de los artículos 20, 33, 37, 45, 55 y 57 de la reforma laboral depende de programas que deben ser reglamentados por el Gobierno, por lo que “no es dable anticipar una cuantificación del impacto fiscal asociado hasta tanto se definan en la respectiva reglamentación los programas o estrategias a seguir”.

En este también reconocieron que el aumento de los costos laborales para los trabajadores podría incrementar el gasto de nómina de las empresas industriales y comerciales del Estado y alertaron sobre un posible impacto fiscal negativo que estaría derivado del aumento de los costos laborales, que son deducibles de la base de liquidación del impuesto de renta.

“Su impacto fiscal se traduce en que los contribuyentes pueden deducir estos costos de la base gravable del impuesto de renta, de modo que un aumento en los costos laborales permitiría a las empresas y personas naturales deducir un monto mayor del valor, reduciendo el ingreso fiscal y afectando negativamente el recaudo nacional”, escribió el Ministerio de Hacienda.

El mismo informe habla de la falta de claridad de artículos como el 36, que enuncia la formalización laboral de las personas que trabajan en el PAE, habla de las implicaciones de la formalización laboral de las madres comunitarias y detalla que el Fondo de Riesgos Profesionales necesitaría recursos adicionales.

La única cifra certera que entrega el estudio de impacto fiscal de la reforma laboral indica que la contratación de los estudiantes de Medicina durante sus internados médicos tendría un costo anual estimado entre $ 149.466 millones y $ 233.664 millones. Ese monto tendría que ser financiado.

Pese a esos apuntes, el Ministerio de Hacienda concluyó: “Los beneficios económicos derivados de una mejora en las condiciones del mercado laboral producto de la reforma compensarían los costos fiscales potenciales. Esto, a través de mayor formalización, generación de empleo, productividad y crecimiento económico que derive en mayor recaudo tributario”.

Con esa información sobre el escritorio, los integrantes de la Comisión Séptima del Senado votarán las ponencias de la reforma laboral en una sesión que se llevará a cabo la próxima semana.