¿Quién es Vladimir Fernández, el magistrado de la Corte Constitucional cuya elección se tramitó con plata corrupta de la UNGRD, según Sandra Ortiz?

En la Corte Constitucional hay una gran preocupación por el impacto negativo que pueda tener este nuevo escándalo en el tribunal. La revelación de SEMANA en la que queda en evidencia una operación para hacer elegir a Vladimir Fernández como magistrado, será uno de los temas principales que se abordarán desde este lunes.

Desde hace unas semanas ya había resquemor en la Corte cuando SEMANA también publicó que la exconsejera Sandra Ortiz salpicó a Fernández en la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, Fernández supo maniobrar y logró calmar a sus colegas, pero ante este nuevo escándalo las cosas podrían ser totalmente diferentes.

El abogado, quien fue secretario jurídico de la Presidencia de la República, está en la mira además porque, al parecer, fue pieza clave en la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo en la Corte Suprema de Justicia, lo que podría explicar la lentitud de la Fiscalía en valorar el material probatorio entregado por Sandra Ortiz y que salpica a Fernández. De hecho, a Ortiz le habrían dicho en la Fiscalía que a Camargo no le interesa conocer información que salpique a Fernández.

Fernández, con una amplia trayectoria profesional, cuenta con dos especializaciones en Derecho Administrativo, una maestría y un doctorado. Ha sido docente en varias universidades y directivo de las más importantes entidades del país.

Cuando Petro llegó a la Casa de Nariño muchos se preguntaron el por qué de la cercanía del abogado con el mandatario y rápidamente se supo que su relación data de antes de que Petro fuera alcalde de Bogotá.

Justamente, Fernández hizo parte del equipo de empalme en 2011 tras la victoria de Petro en las urnas, pero no pudo integrar su equipo de trabajo desde 2012.

El Tiempo reveló en 2011 que Fernández tenía una medida de aseguramiento, en medio de un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos. Por esa razón, declinó la designación en la Secretaría General de la alcaldía y cuando Petro supo sobre esta situación dijo que debía retirarse.

Esa situación penal se presentó en el departamento del Huila y se dio por cuatro contratos firmados por las Empresas Públicas de Neiva (EPN) con la compañía Organización de Servicios Profesionales (OSP), de la que él fue socio.

Fernández ha estado señalado por la Fiscalía en dos casos de presunta corrupción en el Huila, aunque han precluido a su favor.

La Silla Vacía reveló que en 2018 la Fiscalía ordenó la captura del contralor de Neiva y de ocho concejales, porque, presuntamente, se juntaron para torcer esa elección a cambio de plata y puestos. “El contralor se llamaba Hildebrand Perdomo y es primo de Fernández. En medio de ese escándalo, aparecieron unos audios en los que Fernández le decía a su primo que había que ocultar unas pruebas del proceso y “enredar la pita” y “lo que sea para que no vayan y espulguen más”“, contó dicho medio.

En 2010 el ahora magistrado de la Corte Constitucional fue acusado de no ejercer una adecuada defensa del Estado cuando ejerció como jefe de la Oficina Jurídica del Invías y se le formularon cargos por un presunto detrimento patrimonial por más de 10 mil millones de pesos. Este caso salió a su favor por decisión del Tribunal de Cundinamarca.

En 2006 Fernández fue demandado para que reconociera la paternidad de una menor en un proceso bastante largo porque no se pudo notificar al abogado. Finalmente, seis años después, el tema llegó a la Corte Suprema de Justicia y se le obligó a practicarse el examen de paternidad, aunque él pidió anular el caso. En 2014 se determinó que Fernández sí era el padre de la menor y logró un acuerdo con la demandante para que desistiera del proceso.

Todos estos casos que enlodaron su carrera pública fueron advertidos antes de la elección como magistrado de la Corte Constitucional, pero nadie tuvo en cuenta la información en el Senado.

En el momento de la elección solo se tuvo en cuenta su experiencia como abogado y que era del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.

Incluso, antes de ser ternado, Fernández empezó el lobby en el Congreso de la República y logró reunirse con los senadores más reconocidos de las diferentes bancadas y se mostró como un hombre conciliador. En ese momento la terna se integró por: Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega.

No hay duda de que su nombre era el menos mediático y radical por lo que finalmente la balanza se inclinó a su favor, pero tiempo después se recuerdan todos estos escándalos públicos y privados que vuelven a colación por la revelación de SEMANA y la posibilidad de que con plata de la UNGRD haya sido elegido.

Aunque Fernández ha dicho a sus colegas que todo lo que se ha dicho sobre él es mentira, en esta ocasión todo los lentes están puestos sobre lo que pasará en la Corte Constitucional que no puede permitir un manto de duda sobre sus actuaciones e integrantes.

Para algunos, ahora tiene sentido todo lo que ha hecho Fernández en su paso por el máximo tribunal de justicia en Colombia. De hecho, Vladimir Fernández fue quien le pidió a la Sala Plena que suspendiera de manera temporal la investigación que avanza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su exjefe, el presidente Petro, por la presunta financiación irregular de su campaña. Este jueves, la Sala Plena decidió aceptar esa medida cautelar. “Ya se empezó a consumar la tarea de Vladimir en la Corte”, advirtió un exmagistrado.

Otros episodios también han puesto los focos sobre Fernández. En junio de 2024, cuando SEMANA reveló las denuncias por chuzadas y seguimientos ilegales a los magistrados de la Corte Constitucional, quienes le pusieron de presente esos hechos a la fiscal Luz Adriana Camargo, su nombre volvió a sonar. En ese momento, se puso de presente que en la Corte había un ambiente enrarecido tras la llegada de Fernández, quien se posesionó el 15 de diciembre de 2023 para un periodo de ocho años. Algunos magistrados dijeron que desde ese instante lo percibían como un “espía” y expresaron su temor de que las grabaciones de las sesiones estuvieran siendo enviadas inmediatamente a la Casa de Nariño.

El otro escándalo que enfrentó Fernández, apenas comenzó su periodo, tuvo que ver con su cercanía con la magistrada Magda Victoria Acosta, a quien coincidencialmente le tocó asumir por reparto una denuncia presentada por Nicolás Petro, el hijo del presidente, contra el fiscal Mario Burgos, quien procesó al exdiputado del Atlántico por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Y en enero de 2025 Fernández tuvo frenadas las órdenes de la Corte Constitucional al Gobierno Petro sobre el recálcalo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Aunque ya las decisiones estaban tomadas, el abogado petrista no aparecía para firmar y bloqueó por un par de semanas este tema.

No hay duda de que en esta semana la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre este escándalo que genera un impacto negativo y que ha generado que varios sectores políticos le pidan la renuncia a Fernández quien, por ahora, no ha dicho nada con relación al escándalo.