Contratistas enredados en el proyecto Troncal La Paz estarían salpicados en un nuevo escándalo

Los contratistas que resultaron enredados en el escándalo de corrupción del proyecto de la Troncal La Paz en el departamento de Antioquia, nuevamente están generando preocupación por unos nuevos señalamientos.

Se trata de Luis Fernando Solarte y José Ignacio Narváez quienes en 2021 tuvieron que enfrentar acusaciones de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Aunque en su momento firmaron un principio de oportunidad que les permitió evitar grandes condenas, ahora estarían involucrados en otro caso que también se habría presentado en Antioquia.

En el nuevo escándalo se habla de falsificación de documentos, retención indebida de utilidades y operaciones subvaloradas.

Por esa razón, el abogado penalista Francisco Bernate cuestionó que contratistas que han tenido líos con la justicia puedan seguir habilitados para continuar haciendo negocios con el Estado.

“En Colombia la rige la Ley 2195 que establece una equivalencia en términos de inhabilidad para contratar con el Estado a quienes hayan sido condenados por una serie de delitos, entre ellos, los que atentan contra la administración pública que se va a equiparar a quienes hayan sido beneficiados por un principio de oportunidad”, dijo

Agregó: “De manera que estos últimos estarían inhabilitados para contratar con el Estado, según la Ley vigente de nuestro país”.

La situación ha generado preocupación sobre la falta de control y transparencia en la asignación de contratos públicos y posiblemente las autoridades tomarán medidas para investigar y sancionar a los presuntos responsables.

Sobre la Troncal de la Paz se sabe que mientras se estaba adelantando la obra, la Fiscalía General de la Nación encontró presuntas irregularidades de esta contratación incluyen la apropiación de millonarios recursos de los anticipos por parte del consorcio por más de 8.000 millones de pesos.

Por eso decidió imputarles a Solarte y Narváez los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en los que la Fiscalía hizo fuertes afirmaciones sobre el dinero que se habría perdido en dicha obra

“En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva” dijo la Fiscalía en su momento.

Ante esta situación los vinculados decidieron acogerse a un principio de oportunidad y aceptar su responsabilidad con el objetivo de ser testigos contra el entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria quien había estado vinculado en la contratación y responde como autoridad del departamento.

Incluso los acusados no pudieron soportar las acusaciones contra el exgobernador Gaviria y en ese momento se dijo que simplemente habían usado el principio de oportunidad como estrategia para evadir la cárcel.